El relato fue desgarrador. Joselyn Prato de 24 años —contextura delgada, cabello rubio — se paró en el tribunal, y contó la tragedia que vive en la penitenciaría de Coro. Está presa desde hace 63 días. Ha sido obligada a comer espagueti con gusanos y comida en descomposición.
La estudiante de ingeniería petrolera de la Unefa está recluida junto con su hermano: Johan Prato de 26 años. El pasado 21 de agosto en el islote Cayo Sal fueron apresadas cinco personas tras un abucheo masivo contra la ministra de Turismo Marlenys Contreras, quien también es esposa de Diosdado Cabello. El expediente está en el tribunal segundo del Circuito Penal de Falcón, extensión Tucacas.
“Joselyn mostró en el tribunal cómo tenía la cara, igual que el día de la detención: tiene el pómulo morado y sangra debajo del ojo. No ha recibido atención médica”, denunció indignado el abogado defensor y coordinador del Foro Penal, Luis Armando Betancourt.
Las visitas se hacen una vez al mes, relató conmovido un familiar de los Prato. En el anexo femenino no se permite que les lleven comida. El estado de salud de Joselyn es precario: sufrió una fractura en el brazo y aún presenta sangrados por el recto, por la golpiza que recibió durante la detención.
De los cinco detenidos, solo quedan los hermanos en prisión. El Carabobeño conoció en exclusiva que la madrugada de este jueves fue liberado Gian Doménico Certo Suárez. Los otros dos detenidos: Carlos Arellano y Yolmer Roa, con defensores públicos, ya estaban en libertad.
La audiencia preliminar de los jóvenes se tenía prevista para este miércoles. No se realizó por falta de convocatoria a la ministra, el viceministro y el presidente del Instituto Nacional de Inparques. Pero algo que resulta ilógico: “El Ministerio Público no consignó en el expediente la dirección del domicilio de los funcionarios”.
Los únicos asistentes a la audiencia fueron dos funcionarios que estaban en el islote. Ellos alegan ser víctimas de los hermanos Prato, por supuestos rasguños y ofensas verbales. Betancourt cuestionó que solo quienes tenían defensores públicos fuesen liberados, es un claro signo de retaliación contra el Foro Penal venezolano.
DC|El Carabobeño