No hubo voz de alto. Wollmer Pinilla y Augusto Arias apenas tuvieron tiempo de lanzarse al agua cuando escucharon los disparos. No sabían qué pasaba ni tampoco el destino de sus 14 compañeros. Los salvó el instinto.
Ese día tuvieron que nadar y caminar por sus vidas. Nadaron hasta que pudieron salir y adentrarse en el monte; caminaron alrededor de nueve horas, la mitad del tiempo perdidos, hasta que finalmente encontraron refugio. El abrigo del fundo Buena Vista les duró poco, esa misma noche se enteraron que el resto de sus compañeros habían sido asesinados y que a ellos también los daban por muertos. El 29 de octubre se cumplieron 27 años de la masacre de El Amparo, de la que Pinilla y Arias fueron los únicos sobrevivientes y por la que todavía están esperando que se castigue a los culpables.
13 salieron de El Amparo, un pueblo del estado Apure, con la intención de pescar y hacer un sancocho. Subieron por el caño La Colorada y a los 15 minutos todos tuvieron que registrarse en un puesto naval colombiano. Los nombres de todos y sus documentos de identidad quedaron asentados. Dejaron las verduras y las gallinas para el sancocho en la casa de José Mariano Torrealba y los invitaron a él, a su cuñado y a su hijo a que se unieran a la pesca; por eso eran 16 los que iban en la canoa por el caño La Colorada cuando ocurrió la masacre.
Pinilla y Arias cuentan la historia con detalle. La han tenido que repetir una y otra vez durante 27 años. Cada dato es importante, cada nombre cuenta. Los recitan de memoria: los de sus compañeros, los de los funcionarios de la Policía Técnica Judicial, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y miembros de las Fuerzas Armadas, que conformaban el Comando Específico “José Antonio Páez” –Cejap– responsables de los disparos. También repiten el nombre del juez instructor del caso, Ricardo Pérez Gutiérrez, quien los acusó en una corte marcial, pese a ser civiles, por el delito de rebelión militar.
La matanza cambió la vida del par de pescadores. “Vivíamos en zozobra, no comíamos bien y fuimos asilados políticos en México. Nos fuimos el 18 de diciembre de 1988 y regresamos el 2 de enero de 1989 para ponernos a derecho”, recuerda Pinilla. Ponerse a derecho significaba ir presos.
Se entregaron a la justicia militar y estuvieron detenidos en la cárcel de Santa Ana del Táchira durante 13 días. No estaban con los presos comunes. Todo ese tiempo permanecieron en la enfermería de la prisión. Transcurridos los 13 días lograron salir con libertad plena. Hasta hace poco Pinilla guardó los recortes de periódicos que informaban que el Cejap había asesinado a 14 subversivos del Ejército de Liberación Nacional colombiano.
Estado ausente. El Amparo está a 950 kilómetros de Caracas, cerca de Guasdualito. Se encuentra en el municipio Páez —en estado de excepción desde el 15 de septiembre de este año—, en la región conocida como Alto Apure, solo separada de Colombia por el río Arauca. “El abandono en el que se encuentra El Amparo propició que ocurriera la masacre. El Estado está ausente de estas poblaciones y en octubre de 1988 el Estado llegó, pero para asesinar y cambiar la vida de las personas que viven allí”, dice Inti Rodríguez, director de investigación de Provea, ONG que ha acompañado a los sobrevivientes en el esclarecimiento del crimen.
El 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal declaró que los 14 pescadores muertos integraban un grupo subversivo colombiano y que el Cejap actuó en defensa de la soberanía del país. En 1998 otra Corte Marcial dictó la sentencia definitiva que ratificaba la de 1992.
El caso debió ser llevado hasta el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos para limpiar el nombre de las víctimas. La Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995, la primera emitida por esa institución contra Venezuela –el caso llegó a esa instancia el 10 de agosto de 1990–. El 19 de septiembre de 1996, la corte dictó una nueva sentencia referida a las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. No bastaba con indemnizar a las víctimas, también había que investigar y castigar a los responsables, lo que aún no ha ocurrido.
Esta semana Pinilla y Arias estuvieron en Caracas y se reunieron con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Los funcionarios se comprometieron a hacer seguimiento del caso.
“Nosotros queremos que se castigue a los culpables materiales e intelectuales. No puede haber delito sin delincuente”, subraya Pinilla.
27 años después los hombres desconocen la razón de los disparos. “Nadie tenía problemas con ellos. No se sabe por qué fue. Ellos dicen que estaban resguardando la frontera”, asegura Arias, quien a sus 62 años de edad sigue viviendo en El Amparo y depende económicamente de su pensión. Con la indemnización que le dio el Estado –16 millones de bolívares, antes de la reconversión– se compró una casa y asegura que ha seguido pescando. “Pase lo que pase no me apartaré de El Amparo. Ahí moriré”.
Con la misma paciencia de un pescador que espera que la presa pique el anzuelo persisten en su reclamo. Ellos son la prueba viva de la injusticia, con su discurso llano y su ropa sencilla. Lo hacen por sus compañeros y sus familias, aunque los padres de algunos ya fallecieron y otros se han mudado al Arauca. “Lo que nos pasó es incomprensible, por eso los llevamos siempre en el corazón. Nos duele que los hayan matado sin justificación”, dice Pinilla.
Ese caño de El Amparo fue su condena, pero los habitantes del pueblo fueron su salvación. Pinilla agrega: “Yo de allí no me voy, el pueblo nos dio el respaldo que salvó nuestras vidas. El Estado no respeta los derechos humanos de los más vulnerables, pero por mis compañeros voy a seguir luchando hasta el fin”.
Altos funcionarios
Entre los autores materiales e intelectuales del caso, Provea señala al comisario retirado de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry López Sisco; y al gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín.
“La justicia venezolana está bajo la sombra de la impunidad. Exigimos que se cumpla plenamente la sentencia de la Corte Interamericana y que el Estado imponga las sanciones a los responsables, entre ellos Rodríguez Chacín quien ha desempeñado altos cargos en el gobierno”, denunció Inti Rodríguez, director de investigación de Provea. El activista subrayó que la impunidad en Venezuela es estructural, ya que el Estado niega justicia y reparación a las víctimas, de hechos pasados y presentes, como las masacres de Cantaura y Yumare, los fallecidos en el golpe de Estado de abril de 2002 y las víctimas de los hechos violentos ocurridos en el país en 2014 durante las manifestaciones”.
DC/EN