Un bufete de abogados y un juzgado penal fueron requisados por el Ministerio Público, que investiga una red de funcionarios y juristas dedicados a la compra y venta de medidas cautelares del sistema judicial.
Fuentes del sector confirmaron a este diario que se trata de un despacho de juristas en el barrio de El Cangrejo, intervenido el miércoles a última hora, después de que fuera registrado, por el mismo caso, el Juzgado 15 de lo Penal y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y se arrestara a 13 personas.
Las indagaciones continuaron ayer en el Juzgado Séptimo de lo Penal de Panamá, liderado por Felipe Fuentes, quien había sido mencionado en la causa el jueves, una vez se allanaron los primeros despachos en el Palacio Gil Ponce. No hubo detenciones.
Según el Movimiento de Independientes (Movin), la denuncia por el cobro de coimas en sistema judiial y la identificaci’pn de un grupo denominado ‘La Taquilla’, que se encargaría de gestionarlas, es sólo la punta del iceberg .
‘Este es apenas el inicio de las investigaciones, esperemos que avancen a buen ritmo’, demandó Anette Planells, vocera de esa agrupación, que ha considerado que las pesquisas deben apuntar a funcionarios de más alta jerarquía que los detenidos hasta ahora, entre los que se encuentran, por ejemplo, mensajeros.
Aunque el despacho de Fuentes y el del juez Enrique Pérez fueron requisados, el Órgano Judicial no confirmó que se hubieran tomado medidas contra ellos.
FORMALIZAR LA QUEJA
Al parecer, las investigaciones también se extenderán al de juzgado Primero Penal, de Rolando Quesada Vallespi, el mismo funcionario que concedió país por cárcel al exfuncionario de Valores Ignacio Fábrega, condenado a cinco años por suministrar información confidencial a la inversora Financial Pacific.
Los despachos investigados deberán someterse en un año al Sistema Penal Acusatorio, que supone reformas al método de conceder medidas cautelares.
‘Era un secreto a voces; en el país hay un grave problema judicial’, declaró la presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo. Y aunque con reticencias, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que intenta liderar al opositor PRD, planteo que .‘es afortunado que al menos se investigue’.
Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados ha anunciado que el lunes pedirá al Ministerio Público que abra una investigación paralela para desmantelar a ‘La Taquilla’ y reiteraron que quienes han destapado el escándalo, en referencia al abogado Sidney Sittón, deben dar nombres.