Trabajadores de las empresas del Estado, en voces de sus empleados, han sufrido presiones por el revés electoral oficialista del pasado 6 de diciembre. Sin embargo, la que mayores cambios tendrá por el resultado de las elecciones será la Asamblea Nacional. Una composición distinta que traerá consigo una nueva directiva.
José Vicente Rivero, Secretario General del Sindicato de la Asamblea Nacional, señaló que la AN ha estado en una tensa calma, pero que especialmente los trabajadores tienen la inquietud de lo que ocurrirá después del 5 de enero, fecha en la que se instala la nueva legislatura.
“Hay intranquilidad porque vamos a un proceso de transición, los empleados temen que ocurra lo que pasó cuando se cambió de Congreso a Asamblea, que algunos sufrieron jubilaciones forzosas, a otros le dieron “cajita feliz” y a algunos les desmejoraron las condiciones laborales. Hemos hablado con todos haciéndole saber que los diputados de oposición han manifestado que no van a despedir a nadie y que aquí lo que viene es trabajo”, sentenció.
Un trabajador de la AN denunció a Efecto Cocuyo que a través de un grupo en Whatsapp sus compañeros expusieron su posición política para delatarlo ante sus superiores. “Me decían en la conversación, ¡Claro, es que eres un escuálido, siempre estuviste camuflado aquí. Eres un sapo!”, puntualizó el funcionario. A su juicio, hay una “cacería de brujas buscando responsables de lo que pasó el 6D”.
Otro trabajador de la sede administrativa de la AN reveló que las ayudas económicas a los trabajadores con familiares enfermos fueron suspendidas, toda vez que ganó la oposición. Denunció que la “Fundación Pueblo Soberano” cerró sus puertas, pero esto fue negado por el sindicato.
No obstante, Rivero como Secretario General del Sindicato de Trabajadores, dio a conocer que las amenazas contra trabajadores se han afincado en los que laboran en ANTV, que hace unos días pidieron seguir siendo parte de la nómina del Parlamento en lugar de que la empresa pasara a manos de los trabajadores.
Contabilizan casos
Desde la organización política Vente Venezuela denunciaron hostigamiento y el despido de un trabajador de Conatel por negarse a participar en el listado 1×10 que solicitara la institución.
“Hoy me encuentro sin empleo por ejercer mis derechos políticos y por participar activamente en la lucha por el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela, por luchar precisamente contra un régimen que representa todos los antivalores que rechazo”, expresó Gustavo Campos.
Al respecto el abogado José Amalio Graterol calificó las retaliaciones contra trabajadores del Estado como “la nueva lista Tascón”.
Organizaciones no gubernamentales como Provea están sistematizando las denuncias de los pocos funcionarios públicos que se atreven a contar sus experiencias.
Inti Rodríguez explicó que Provea había recibido, entre otras, señalamientos de dependencias como la fundación Niño Simón, las misiones Negra Hipólita y Mercal, del ministerio de Educación, Corpoelec, empresas básicas como Carbonorca, Alcasa; junto con las recibidas desde centros asistenciales públicos del Área Metropolitana de Caracas y de la alcaldía del municipio Lobatera, del estado Táchira.
DC | Efecto Cocuyo