El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que más de 100 trabajadores de la mina Huanuni fueron detenidos por la policía en el operativo de desbloqueo en el poblado orureño de Caihuasi.
Relató que un grupo de manifestantes hizo explotar cargas de dinamita, que provocaron daños en la estructura del puente que une a esa localidad con Caracollo, parte de la carretera La Paz-Cochabamba.
«La policía realizó un trabajo de disuasión, se buscó conversar, a través de megáfonos, pero no fue posible. La respuesta fue dinamitazos, piedras y objetos contundentes. Este no es el camino para expresar una acción colectiva», señaló el funcionario.
«Nuestros compañeros han sido sorprendidos en Caihuasi. La represión policial fue tan brutal que dejó unos siete heridos, ellos fueron llevados a Oruro. También se supo que una gran cantidad de compañeros fueron detenidos», señaló Edgar Mejía, secretario de conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
La protesta de la unitaria Central Obrera, que pide la modificación de la ley de pensiones, logró el martes paralizar la producción de Huanuni, la mayor mina de estaño del país y en tres días dejó 120 detenidos y 15 heridos.
La huelga general, iniciada el lunes, prosiguió este miércoles también con el corte de rutas en varios puntos del país.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió: No vamos a poner en riesgo la economía del país, la sostenibilidad del Fondo Solidario y la asignación de recursos para la gente que gana menos en el país. Y advirtió que si permanece la paralización de actividades en Huanuni, hay riesgo de colapso y aceleran un suicidio colectivo.
Además denunció que hay dirigentes que alientan la radicalidad en las movilizaciones. Hay dirigentes que están expresando el lenguaje del golpe de Estado, dijo.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, reiteró un llamado a los sindicalistas para dialogar sobre los cambios a la ley de pensiones. También rechazó una reunión entre la cúpula de la COB con el presidente Evo Morales o su vicepresidente, Álvaro García Linera.
DC/Infobae