Gaby Arellano desde Paraguachón: En La Guajira exigen la renuncia de Maduro

La diputada Gaby Arellano, vicepresidenta de la Comisión Especial de Frontera, se trasladó hasta el paso fronterizo Paraguachón, ubicado en la zona del eje de La Guajira en el estado Zulia, para constatar la situación de este importante enlace entre Venezuela y Colombia, que se encuentra cerrado desde hace seis meses, debido al estado de excepción decretado por Nicolás Maduro. “Testificamos las cuantiosas pérdidas económicas y recabamos información de todos los atropellos que se han vivido y la forma como se sobrevive en la frontera. Durante una asamblea con habitantes de la región escuchamos insistentemente: ¡Maduro renuncia!”, aseguró la parlamentaria.

“Demostramos que el cierre de la frontera no es nada productivo ni en Zulia, Apure, Táchira ni Amazonas (…) solo para las mafias del gobierno, que nos quitaron el derecho al libre tránsito y lo convirtieron en un privilegio. Lo único que ha llevado es a grandes pérdidas que según la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia (UCEZ), solamente en 2015 más de 58 mil negocios bajaron sus santamarías lo que generó más de 500 mil desempleos. Esta es parte de la información que estamos recogiendo en el informe de la Comisión Especial de Frontera y que entregaremos a la plenaria, ya que es pertinente y urgente incluir en la agenda parlamentaria la reforma a la Ley Orgánica de Frontera que fue aprobada en diciembre de 2015, vía habilitante”.

A juicio de la diputada, esta ley solo les da competencias a los militares para que sigan atropellando a las etnias indígenas y a todos los habitantes de la frontera colombo – venezolana, “enriqueciéndose unos pocos para darle a la mayoría pobreza, escasez, inseguridad e insalubridad, como la que vimos en la visita al hospital binacional de Paraguachón, una obra que debió ser culminada en 2015 pero que hoy sigue en la desidia a la espera de que el gobierno la culmine”.

La Comisión Especial de Frontera inició la semana pasada una gira por los estados y municipios que colindan con la “Hermana República” para así constatar el estado en que se encuentran, luego del cierre inconstitucional de la frontera desde agosto de 2015.

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