Luego de que el gobierno venezolano anunciara la apertura parcial de la frontera con Colombia, la administración de Juan Manuel Santos, confirmó que se garantizará el flujo regulado y seguro en los pasos fronterizos con el vecino país.
Asimismo, señaló que dadas las nuevas circunstancias producidas en agosto de 2015 con el cierre de la frontera en Arauca y Norte de Santander, se ha tenido una mayor oportunidad para continuar evaluando los principales problemas de seguridad, delincuencia, desafíos sociales, migratorios y económicos que han afectado históricamente a esta zona del país.
“Por nuestra parte no se repetirán episodios como los que sufrieron los colombianos el año pasado cuando miles fueron expulsados”, señaló el Gobierno en un comunicado.
Y agregó que “con estas nuevas realidades, seguimos construyendo estrategias de largo plazo para dar soluciones duraderas a las problemáticas que hemos identificado. Vamos a seguir trabajando para tener una frontera segura, moderna y beneficiosa para nuestra población”.
Por último, el Gobierno informó que se mantendrán los controles para seguir garantizando las condiciones de seguridad y orden en los pasos fronterizos, en estrecha coordinación con las autoridades regionales.
“Insistimos en que este debe ser un trabajo conjunto con Venezuela para lograr una frontera digna y en paz, que promueva el desarrollo fronterizo integrado, estable y seguro, que abra oportunidades para todos los habitantes de la frontera”.
La decisión se produce seis meses después de que el gobierno venezolano ordenara el cierre de los pasos fronterizos en una zona que abarca 24 municipios de los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas para frenar, según dijo, el contrabando hacia Colombia y el crimen organizado.
El presidente Nicolás Maduro tomó estas medidas en el marco de un estado de excepción decretado tras el asalto a un convoy militar por parte de supuestos paramilitares colombianos, que dejó tres heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira (oeste).
El pasado 15 de enero, Maduro descartó el pedido que le hizo la mayoría opositora en el Parlamento de reabrir el territorio fronterizo, de 2.219 km.
Entonces señaló que el paso se mantendría cerrado hasta que se terminara de «restituir toda la vida social, económica y la seguridad de cada palmo» de la región limítrofe.
El cierre crispó la relación con Bogotá tras la deportación y éxodo de miles de colombianos.
En el marco del estado de excepción fueron limitadas las reuniones públicas, manifestaciones, el libre tránsito, la privacidad de las comunicaciones y la actividad económica en esas zonas.
DC|EE