Rutas electorales cerradas, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP) 

La última cita electoral venezolana, arrojó un resultado que por todos es conocido, cerca de ocho millones de compatriotas nos expresamos con el voto universal, directo y secreto y le dimos un mandato a 112 ciudadanos, para que, en nombre de todos nosotros, nos representaran en el más importante poder público del estado, como lo es el parlamento de un País, donde impere un sistema democrático, de derecho y de libertades. Como era  de esperarse, la conducta de los amos del poder desde hace 17 años, sería el desconocimiento a esos resultados, por supuesto que de hecho no pudieron atrincherarse y ametrallar, para luego apoderarse del palacio federal legislativo, como lo hicieron con el palacio de gobierno metropolitano, cuando perdieron la Alcaldía Mayor en el año 2008, pero las actuaciones post electorales de Nicolás Maduro y los máximos representantes del régimen, dejan absolutamente claro que han cerrado todas las vías constitucionales y electorales para salir de la crisis y están dispuestos a hacer hasta lo imposible, para tratar de sobrevivir políticamente y mantenerse por la fuerza en el poder, aun cuando la gran mayoría o mejor dicho la aplastante mayoría de los venezolanos queremos que se vayan del poder, para iniciar una nueva etapa política en Venezuela, que nos permita frenar la estrepitosa caída e iniciar el proceso de rescate y recuperación de la nación, anhelado por toda la sociedad venezolana.

Los aferrados ciega y frenéticamente al poder, anularon a su nefasto arbitrio la representación parlamentaria del estado Amazonas y a tres meses de haber comenzado el período parlamentario 2016-2021, este estado fronterizo y extremadamente extenso, no cuenta con diputados en la Asamblea Nacional, declararon la “inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, reformada por las antiguas mayorías chavistas del parlamento en por lo menos 6 ocasiones; anunciaron la declaratoria de “inconstitucional” de la Ley de Amnistía, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, aun cuando ellos el 3 de febrero del año 2000, a través de la comisión legislativa nacional presidida por Luis Miquilena, nombrada por la Constituyente del 99, para que cumpliera el papel del poder Legislativo hasta que se eligiera la primera Asamblea Nacional, aprobaron una Ley de Amnistía Política General, que en su primer artículo declaró libres de responsabilidad y culpa a todos los procesados, enjuiciados y sentenciados por cometer delitos políticos, de alzamiento militar, rebelión, golpes de estado, hasta el 31 de diciembre de 1992, que conforme a la Constitución vigente de 1961, contemplaba 30 años de cárcel y la inhabilitación política de por vida y con ello se auto perdonaron Chávez, Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos y todos los golpistas que ametrallaron, asesinaron tanquetearon y bombardearon Caracas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992; también declararán a través de los burócratas nombrados en el TSJ para esos fines, la Ley de Referendos, la de Reforma Parcial del Tribunal Supremo y todas las legislaciones que tengan por objeto restituir la Constitución, la Democracia y el estado de derecho y si sabemos que será así, porque Maduro y sus acólitos piensan en ellos y no en solventar la gravedad de la crisis del País, que inexorablemente pasa por la salida de ellos del poder, no queda de otra, que nuestros representantes en el Poder Legislativo, deben asumir con mayor fuerza el mandato y el liderazgo que le dimos los electores y convocar al pueblo a las grandes y multitudinarias protestas cívicas nacionales, para hacer valer la legitimidad de los actos del poder que ellos representan y que están avalados por las grandes mayorías nacionales. El cambio político y la consecución de poderes públicos al servicio de la Nación, La libertad de los Presos Políticos, la restitución de la justicia, el derecho a la vida y la Paz y la solución de los gravísimos problemas económicos y de desabastecimiento y escasez, no pueden esperar más, nuestros Diputados y el pueblo venezolano tiene la palabra.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB.

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP