El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, calificó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica como “intencionalmente confuso” y más amplio que el anterior, pues no solo se limita a la materia económica, sino que contiene factores políticos, de orden público y sociales.
Explicó que una vez que un jefe de Estado dicta un Estado de Excepción entra en vigencia, pero puede ser revocado dentro de 8 días tanto por la Asamblea Nacional como por el máximo órgano judicial.
Para Blyde, la resolución establece “señalamientos graves”, como por ejemplo, el hecho de que todas las medidas de veto o censura que haga el parlamento quedarán eliminadas mientras tenga vigencia; además de que la distribución de alimentos y productos de primera necesidad quedará en manos de los Comités de alimentación se realizará por los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap), que a su vez son dirigidos por los Consejos Comunales.
En entrevista con Alba Cecilia Mujica y Sergio Novelli por Onda, Unión Radio, el alcalde del municipio Baruta resaltó que los derechos a manifestar no están contemplado en el decreto oficializado este lunes, pero aclaró que si el Ejecutivo considera que una protesta “es para subvertir el orden como acción desestabilizadora”, la fuerza de seguridad podría actuar para impedirla.
Añadió que el control parlamentario, a través del decreto, es cercenado. “Están castrando las funciones legislativas”, recalcó.
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