Macri está decidido a vetar la ley antidespidos
El presidente argentino Mauricio Macri se mostró decidido a vetar el viernes la ley que prohíbe los despidos por 180 días y contempla el pago de una doble compensación a los cesanteados, lo que ha puesto en pie de guerra a sindicalistas.
«Hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es anti empleo, una ley contra los argentinos, que demuestra que no confiamos en nuestro futuro», dijo Macri en un acto oficial al considerar que la medida empeorará la situación económica.
El presidente afirmó que la norma que la mayoría de los bloques opositores consiguieron aprobar en la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves «va a traer más pobreza».
«Les digo que aquellos que me dijeron: ‘Pero mirá, no te conviene’… yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene, yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad», señaló el presidente.
Macri considera que la llamada ley anti despidos es una mala señal para atraer inversiones. En un intento por desactivar su aprobación, días atrás anunció un acuerdo con decenas de empresas para suspender las cesantías por 90 días que a los sindicatos más combativos les pareció insuficiente.
Macri criticó además al peronista Frente para la Victoria que responde a la expresidenta Cristina Fernández (2003-2007) por haber impulsado la controvertida ley cuando, en momentos en que esa fuerza gobernaba, «decían ‘este tipo de leyes no generan más empleo, no son buenas para el progreso»’.
El presidente sostuvo que en un año Argentina verá «los frutos» de las medidas económicas de ajuste que ha tomado para recortar el déficit público, las cuales han incrementado el descontento social, y destacó que en los últimos días ha tomado «muchísimas medidas para ayudar» a los más desfavorecidos como incrementos en los subsidios para las familias empobrecidas y los jubilados.
Pablo Micheli, titular de una rama de la Central de Trabajadores de Argentina -que agrupa a muchos trabajadores estatales- reconoció a medios de prensa que el veto es legal pero no «legítimo».
Al respecto anunció que el sábado discutirá con otros sindicatos si llevarán a cabo una medida de fuerza.
Hugo Yasky, líder del otro sector de la Central, dijo que la posición de Macri es «antidemocrática» y una muestra de «soberbia» luego de la masiva movilización del 29 de abril de cinco centrales sindicales en protesta por lo que consideran una ola de despidos. Anunció además la próxima realización de un paro.
Entre 100.000 y 140.000 puestos de trabajo se perdieron en lo que va del año, según estadísticas elaboradas por sindicatos y consultoras privadas. El gobierno niega una crisis de empleo pero admite que el escenario económico es complejo y responsabiliza a las políticas populistas de Fernández.
El riesgo a perder el empleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos junto con la inflación, que en abril fue cercana al 7%, la más alta desde 2002.
Daniel Kerner, titular del área de Latinoamérica de Eurasia Group, dijo en un análisis al que tuvo acceso The Associated Press que las consecuencias de vetar la ley acarrearán un costo político para Macri pero «deberían ser manejables».
Agregó que los sindicatos y los peronistas están tratando de aprovecharse del descontento generado por el ajuste e intentan hacer una «demostración de fuerza» y mostrar a Macri que «son poderosos».
«Podría haber varias movilizaciones pero no de todos los sindicatos, así es que el impacto no será sustancial», agregó Kerner.
El analista acotó que es más «preocupante» que el gobierno haya hecho últimamente algunas concesiones en el área fiscal para negociar el respaldo de los gobernadores provinciales. Agregó que el acceso al financiamiento en los mercados es fundamental para el presidente.
DC | AP