Lula da Silva se defendió llorando: «Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel»
El exmandatario brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva afirmó el jueves que los fiscales que lo acusaron de estar al frente de una enorme red de sobornos tienen motivos políticos y simplemente tratan de evitar que él se postule a la presidencia en 2018.
Durante una conferencia de prensa de una hora que parecía más un acto de campaña que una defensa ante cargos penales, Lula indicó que sus detractores no pudieron frenarlo a él ni a su Partido de los Trabajadores, de tendencia izquierdista.
Como reiteró constantemente, el expresidente subrayó que es inocente y que no tuvo nada que ver con un ardid de sobornos centrado en la paraestatal Petrobras.
«Si ellos logran demostrar que yo era corrupto, yo mismo me entregaré y seré un prisionero», declaró Lula, que en dos ocasiones rompió en llanto rodeado por partidarios en un hotel de Sao Paulo.
Lula fue presidente del país entre 2003 y 2010, y dejó el poder con un índice de aprobación superior al 80%.
Después de su discurso, Lula no aceptó preguntas de los reporteros.
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Fiscales federales acusaron al exmandatario el miércoles de ser el «comandante superior» del operativo de sobornos en Petrobras.
Sin embargo, los cargos fueron mucho más limitados en cuanto a alcance.
Lula, su esposa y otras cinco personas fueron acusadas de lavado de dinero y corrupción.
Lula asegura que sus adversarios quieren extirpar a su Partido de los Trabajadores.
El Senado retiró recientemente de su puesto a la entonces presidenta Dilma Rousseff, que había reemplazado a Lula.
Lula es acusado de beneficiarse de las renovaciones de un apartamento a la orilla de la playa en la ciudad costera de Guaruja, en el estado de Sao Paulo.
Las renovaciones, valuadas en aproximadamente 750 mil dólares, fueron realizadas por la constructora OAS, una de las empresas implicadas en la red de sobornos de Petrobras.
Los fiscales también creen que Lula resultó beneficiado de que OAS pagara la renta de una bodega para guardar regalos que él recibió durante su mandato.
Lula ha sostenido que visitó el penthouse pero nunca ha sido su propietario.
La llamada operación Autolavado ha llevado a las detenciones de decenas de empresarios y funcionarios de alto rango, entre ellos varios con fuertes lazos con el Partido de los Trabajadores.
La fiscalía señaló que más de 2 mil millones de dólares en sobornos fueron pagados como parte de un plan de sobornos que sacudió a Brasil, un país que por mucho tiempo ha lidiado con la corrupción.
Sin embargo, el escándalo de Petrobras, la recesión en la mayor economía de Latinoamérica y la agitación política en los años recientes han afectado su reputación.
La sucesora de Lula, elegida directamente por él, Dilma Rousseff, fue separada de su cargo por el Senado el mes pasado por haber hecho ajustes en los fondos de manera ilegal entre presupuestos.
Rousseff y Lula han argumentado que la campaña a favor de un juicio político también tuvo motivos políticos, una manera de debilitar a su partido.
«Estoy orgulloso de haber creado el partido izquierdista más importante de Latinoamérica», afirmó Lula.
Sergio Moro, el juez que supervisa la investigación, será el que decida si Lula irá a juicio. En un caso separado vinculado con Petrobras, el exmandatario será enjuiciado por cargos de obstrucción de la justicia.
Desde hace tiempo Lula ha tratado de quitarle los casos que enfrenta a Moro, que en el último par de años se ha hecho famoso por encerrar a personajes destacados.
DC | La Prensa