Denuncian a Iris Varela por corrupción en la construcción de reclusorio en San Francisco

Este miércoles será denunciada ante el Ministerio Público la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, con el objetivo de que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que fueron detectados tras una investigación de campo realizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

El anuncio se hizo en la presentación del informe titulado, «Los papeles de una prisión inconclusa», en el que se ahonda en la situación generada tras el anuncio realizado por la ministra Varela el 5 de diciembre de 2012 cuando informó sobre la construcción de un centro de reclusión judicial al sur de Maracaibo, en el municipio San Francisco del estado Zulia, enmarcado en la política de emergencia carcelaria decretada por el gobierno nacional. Ese día fue puesta la primera piedra de la obra, en compañía del entonces candidato a gobernador, Francisco Arias Cárdenas.

La presentación del informe contó con la presencia de Humberto Prado por el OVP, Mercedes de Freitas y Jesús Urbina por Transparencia Venezuela, carlos Gonz{alez yDaniela Guerra por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia quienes presentaron el video en el que se reseña el caso.

Informaron que el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) suscribió un contrato con la empresa Cresmo, C.A. encargada de levantar la obra, por 130 millones 660 mil bolívares, obra que arrancaría el 2 de enero de 2013. El 4 de diciembre de ese año sellaron un nuevo contrato, sumando entre ambos un desembolso por el Ministerio de Servicios Penitenciarios de 209 millones104 mil bolívares, que finalizaba el 31 de diciembre de 2014.

«Transcurrieron 46 meses desde que la ministra prometiera que en un año estaría terminado el centro penitenciario. Esa obra inconclusa está rodeada de la mayor opacidad y tanto el gobierno nacional como el regional deben explicar por qué se perdieron los recursos públicos invertidos en ella», juzga Jesús Urbina, coordinador regional de Transparencia Venezuela.

A pesar del galopante hacinamiento, la ministra clausuró varios recintos penitenciarios, entre los que destacan La Planta, dejando al Área Metropolitana de Caracas sin centros de reclusión; Sabaneta y El Marite, en el estado Zulia, y Los Teques e Internado Judicial San Antonio en Nueva Esparta, lo que ha ocasionado el colapso de los centros de detención preventiva en un sinfín de policías municipales y estatales.

Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una de las principales preocupaciones son las condiciones de salud de quienes fueron trasladados desde El Marite y Sabaneta y todas las consecuencias que ello acarrea para los familiares. Carlos González, representante de la organización en Zulia, cuenta el fallecimiento de dos de esos reos. González y Prado reiteran que en cinco años el MSP no ha resuelto el hacinamiento en las cárceles, ni mucho menos ha dado solución a la falta de estructuras penitenciarias.

Además, «la decisión de trasladar esos reclusos a otros centros ha generado aún más retardo procesal», asegura la directora general de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), Daniela Guerra. «Varela prometió en 2012 construir 24 centros penitenciarios en dos años. De esos, solo se han construido dos cárceles», refiere la abogada y defensora.

“De acuerdo al análisis que hace Transparencia Venezuela a la Memoria y Cuenta de los ministerios, y el seguimiento de los presupuestos pudimos determinar que de Bs. 36.469.000.000 ($ 5.183.715.098) que recibió el ministerio de Servicios Penitenciarios en los últimos cinco años, solo Bs. 2.401.176.821 fueron destinados para la ampliación, recuperación, dotación y construcción de la Edificación Penitenciaria. Y en 2012 cuando el gobierno prometió la construcción de 24 establecimientos y anunció la construcción del CRPPJEZ solo asignaron para dicho fin Bs. 207.000.000, monto insuficiente para cumplir con la promesa que hizo Varela”, advierte Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

En este sentido indicaron que el Ministerio Público debe explicar el posible fraude por un contrato que recibió recursos del Ministerio de Servicios Penitenciarios y no se terminó.

Contraloría de la República debe investigar, señalar y sancionar a los responsables por las pérdidas de recursos públicos de una construcción que ahora está desmantelada.

Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene que publicar los contratos completos paras saber cuánto dinero se invirtió y cómo fue utilizado.

DC|EU