Trabajadores tercerizados del sector Educación acudieron al Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) para denunciar el despido masivo e injustificado y la violación de los derechos humanos por parte del gobernador Francisco Arias Cárdenas.
El diputado Gerardo Antúnez informó que ha solicitado un derecho de palabra ante el parlamento y aún no le ha sido otorgado. Sin embargo, se aceptó una moción de urgencia.
Por su parte, Marisela Atencio afirmó que fueron cesanteados bajo el argumento de que además de ser una subcontratada, ya su edad era mayor a los 55 años. “Somos personas que tenemos más de 26 años trabajando de obreros educacionales y eso no ha valido de nada, exigimos cargos fijos”, agregó.
Antúnez anunció que, pese a no tener un derecho de palabra, la mencionada moción de urgencia generó una situación incómoda en el parlamento concluyendo la sesión de forma abrupta porque la mayoría oficialista del parlamento se negó a dar el debate sobre la situación de los más 700 despedidos por el gobierno del Zulia.
El próximo martes, en consulta ante el CLEZ, será analizado el caso y esperan que el gobernador no se niegue a proporcionarles el derecho que le corresponde a los trabajadores, el cual está establecido en las leyes del país. “Vamos a seguir en pie de lucha exponiendo el caso para que no se siga violando la ley de inamovilidad y sus derechos humanos”, dijo.
Aseguró que están realizando un censo con los datos de los despedidos, ya que de no obtener respuestas por parte del gobernador, van a elevar el caso hasta la Asamblea Nacional. “Ellos deben ser reenganchados para que posteriormente puedan ser jubilados”, añadió.
DC|EU