La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1648, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El informe contentivo de 105 páginas en las que se detallan todas las gestiones realizadas por la Comisión de Contraloría en el curso de la investigación, explica que durante la gestión del ex presidente de PDSVA y actual embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, entre los años 2004 y 2014, se generó un daño patrimonial a la República superior a los 11 mil millones de dólares (en concreto, USD$ 11.271.148.806,36).
Tal afectación se encuentra vinculada con el uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA; irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la Refinería de Amuay; irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas de la Banca Privada D ́Andorra; perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de la estatal petrolera en el Banco Espirito Santo de Portugal; y por las irregularidades en la celebración de contratos con PDVSA.
El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Guevara, afirmó que el expediente de PDVSA constituye el mayor caso de corrupción en la historia de Venezuela, por lo que solicitará a la plenaria del Parlamento la declaración de responsabilidad política a Ramírez, en virtud de su responsabilidad al frente de la estatal petrolera durante diez años.
“El día de hoy consignamos ante la plenaria de la Asamblea Nacional y ante la opinión pública venezolana el informe final de esta investigación, que involucra a la principal industria de nuestro país. La investigación que adelantamos determinó que un poco más de 11 mil millones dólares fueron desviados durante la gestión de Rafael Ramírez sin ningún tipo de justificación.
Guevara agregó que la investigación se nutrió principalmente en documentos internos de PDVSA; documentos de la firma auditora de la estatal petrolera, KPMG; investigaciones penales adelantadas en otros países; e inclusive, documentos que se encontraban en los archivos de la Asamblea Nacional desde períodos legislativos anteriores.
“Si hoy PDVSA no puede cumplir con la deuda es porque el dinero se lo robaron. No le tenemos miedo a Rafael Ramírez ni a ningún otro alto funcionario. Vamos a continuar firmes en nuestro propósito de determinar responsabilidades, ubicar los fondos desviados y recuperar ese dinero que tanta falta le hace al país para salir de la profunda crisis social y económica en la que nos sumieron unos corruptos de boina roja”, enfatizó Guevara.
El informe de la Comisión de Contraloría también recomienda declarar la responsabilidad política al ciudadano Asdrúbal Chávez y el voto de censura al Ministro Eulogio Del Pino, por las irregularidades administrativas perpetradas en PDVSA, en perjuicio del Patrimonio Público Nacional, durante el ejercicio de sus cargos como funcionarios y miembros de la Junta Directiva de PDVSA en el año 2008, en virtud de los hechos consumados en el marco del Plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012.
De igual modo, se solicita declarar la responsabilidad política al ciudadano Javier Alvarado Ochoa, en función de las irregularidades administrativas cometidas en detrimento del Patrimonio de la República, durante el ejercicio de su cargo como Presidente de BARIVEN.
Finalmente, Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sean elevadas a la plenaria las solicitudes de declaratoria de responsabilidad política y votos de censura respectivos.
NP