La reciente firma de la Convención Multilateral promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no es suficiente a los ojos de Francia. Este acuerdo permite al país la implementación de iniciativas jurídicas en materia de transparencia e intercambio de información fiscal mediante la extensión de la red de países con los cuales Panamá se compromete al intercambio de información fiscal, pero bajo previo requerimiento.
«La decisión de Panamá de firmar el convenio multilateral ratifica su compromiso de adoptar las medidas necesarias para satisfacer las expectativas internacionales en la lucha contra la evasión fiscal”, señaló en aquella ocasión el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
Sin embargo, Francia considera “impreciso” el fondo del acuerdo firmado y también la definición de los países con los cuales se aplicaría.
Según confirmó a este periódico, el Ministerio de Finanzas del país galo, “en términos de lucha contra la evasión fiscal y optimización fiscal agresiva en el mundo, en efecto, hemos registrado inmediatamente a Panamá en nuestra lista de Estados y jurisdicciones no cooperativos (ETNC)”.
Esta decisión —que conlleva la aplicación de las medidas disuasivas que de momento no han sido evidenciadas por el Gobierno francés— será efectiva a partir del 1 de enero de 2017.
Fuentes del Ministerio de Finanzas francés explicaron que son tres las razones para incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. La primera tiene que ver con los casos concretos en los que Francia solicitó a Panamá una determinada información tributaria. “De 40 demandas de información fiscal remitidas a Panamá, 25 han sido respondidas de manera incompleta”, señalan desde el organismo económico.
La segunda se refiere, precisamente, al empeño del país por intercambiar información financiera con otros Estados. A este respecto, Francia explica que Panamá ha anunciado su intención de pasar a un efectivo intercambio automático de información financiera, pero “de momento, ha sido vago en su concreción”. “No ha firmado expresamente esta convención y ha sido ambiguo con los países con los que sería puesto en práctica”, explican. La tercera causa está ligada a la convención bilateral firmada en 2011 entre los dos países para evitar la doble tributación. En este sentido, Francia presiona a Panamá para que la cláusula sobre el intercambio de información fiscal “no comprenda ningún límite”.
Sobre las consideraciones de Francia, que acusa a Panamá de ser incapaz de proceder de manera eficiente en el intercambio de información fiscal, el director general de Ingresos de Panamá, Publio Cortés, manifestó en declaraciones a La Prensa que esa referencia es “injusta”. “Francia no tiene en lo más mínimo la razón porque se mezclan dos aspectos: respuesta eficiente y si la respuesta —de acuerdo con las leyes de Panamá— le gusta al que la recibe. Las respuestas, tanto en la pasada como en esta administración siempre fueron a tiempo y eficientes con todos los socios de intercambio de información”, explicó en el marco de la reunión plenaria del organismo en Tiflis, capital de Georgia, del Foro Global de la OCDE hace dos semanas.
“La discrepancia estaba ligada al contenido de la respuesta. La calidad de la información no gustaba a Francia por un tema de marco legal de Panamá que impedía a la administración tributaria entregar determinada información. Ahora la legislación interna ha cambiado y se permite dar mejor información”, agregó en esa ocasión.
INTENTOS DIPLOMÁTICOS FALLIDOS
Han sido varios los intentos de la diplomacia panameña para desarmar la rigidez gala. Todos ellos fallidos. En mayo de este año, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, se reunió con su homólogo francés, Michel Sapin, para tratar precisamente este espinoso asunto.
En aquella ocasión, Francia pidió a Panamá“transparencia” y la entrega “sin restricción” de toda información relativa a contribuyentes franceses.
Además, reclamó todos los datos “sobre bienes o ingresos gravables en Francia”, incluidos aquellos que se tengan o perciban a través de estructuras offshore, es decir, “que no ejerzan su actividad económica en Panamá”. Antes de ese encuentro en el Ministerio de Finanzas francés, el presidente de Francia, François Hollande, había telefoneado a Juan Carlos Varela para explicarle los motivos por los que su país iba a incluir de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales.
En una segunda reunión cambiaron los actores y también el mensaje. De la parte francesa, se delegó la gesta en el enviado personal del presidente François Hollande, Jean-Pierre Bel, expresidente del Senado. Panamá estuvo representado por el vicecanciller Luis Miguel Hincapié y la embajadora de Panamá en Francia, Pilar Arosemena de Alemán.
En la nota de prensa divulgada por la Cancillería panameña se calificaba a Francia como país “amigo”, pero se le recriminaba su insistencia en ignorar que Panamá implementará el modelo de intercambio de información fiscal automático requerido por la OCDE.
Panamá limó asperezas con el ente internacional, cuya sede está también en París, que ofreció su ayuda técnica al país para llevar a cabo los cambios necesarios, tanto en la regulación interna como en el marco internacional para cumplir con este compromiso. Sin embargo, la reconciliación con Francia se define complicada.
DC|LP