En su sesión ordinaria de este miércoles, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1506, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en la construcción y reparación de hospitales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
El informe recomienda la declaratoria de responsabilidad política a la ex titular de ese despacho, Eugenia Sader, por un conjunto de actuaciones realizadas durante su ejercicio en el cargo entre 2010 y 2013, relativas al manejo de recursos públicos destinados a la construcción de un conjunto de edificaciones hospitalarias, entre los que destacan la construcción de seis hospitales del programa Misión Barrio Adentro IV, a saber:
– Hospital General especializado en Materno Infantil, Estado Apure.
– Hospital General especializado en Toxicología y Oncología, Estado Barinas.
– Hospital Cardiológico de Adultos, Distrito Capital.
– Hospital General especializado en Nefrología, Estado Guárico.
– Hospital General especializado en Gastroenterología y Oncología, Estado Mérida.
– Centro Nacional de Oncología, Estado Miranda.
Al respecto, la investigación determinó distintas irregularidades administrativas, tales como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público; inobservancia de las condiciones para la debida contratación establecidas en los instrumentos normativos que regulan la materia; así como la malversación y el desvío de los fondos destinados para la construcción de los centros asistenciales.
En ese sentido, el informe de la Comisión de Contraloría estima que el daño patrimonial generado al acervo público nacional fue de USD $ 1.552.353.981,33, equivalentes a Bs. 4.052.882.119,75 conforme al tipo de cambio oficial vigente para la fecha en que Sader ocupaba la cartera de Salud.
El Presidente de la instancia parlamentaria, diputado Freddy Guevara, explicó que la construcción de los referidos centros asistenciales fue anunciada por el ex primer mandatario Hugo Chávez el 30 de septiembre del año 2007, durante la transmisión de su Programa “Aló Presidente” N° 296, en el que hizo referencia a la ejecución de la primera etapa de un grupo de 15 hospitales generales y especializados del programa Misión Barrio Adentro IV, los cuales debieron ser entregados a finales del año 2009, pero que a la fecha no se han culminado.
Guevara indicó que Sader asumió paralelamente la Dirección de Hospitales y la presidencia de varias dependencias del Ministerio, entre ellas la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias. Agregó que la Memoria y Cuenta de 2010 reflejó que las obras apenas tuvieron un avance de 49%, con 222 remodelaciones quedaron pendientes por ejecutar y una lista de espera por cirugías en hospitales que ascendía a 30.000 personas.
“No solamente hubo desfalco y desvío de fondos públicos, sino que además jugaron con la salud de los venezolanos de menos recursos y que son quienes más se verían beneficiados. Es criminal que se haya asignado 1.5 millardos de dólares para unos hospitales y que al día no se tenga ni los hospitales ni el dinero. Esta es otra muestra más de que una cúpula roja se llenó los bolsillos mientras hablaba en nombre de los pobres”, enfatizó Guevara.
La investigación también determinó que las irregularidades datan desde los inicios del proyecto, cuando el denominado Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, siendo una empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, firmó contrato con la empresa Constructora Pemegas; C.A, para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la ejecución de las obras.
En este sentido, se detectó que dicha contratación planteaba un conflicto de intereses, ya que el ciudadano Lucas Pou Ruan, quien ejercía funciones como Director de Obras de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, adscrita al Despacho de la Presidencia, además fungía como accionista de la prenombrada empresa Pemegas.
Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sea elevada a la plenaria la solicitud de declaratoria de responsabilidad política a Eugenia Sader.
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