Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales instan de nuevo al presidente Nicolás Maduro a dar el ejecútese a la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas para que los adultos mayores tengan ese beneficio, manifestó Omar Vásquez Lagonel, directivo de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados.
“En manos del presidente Maduro está la aprobación de los recursos para que los pensionados comiencen a percibir el bono, pues la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia hicieron su trabajo al respecto”, precisó el representante de la Fenajup.
Recordó que el año pasado realizaron en Caracas y el interior del país numerosas protestas y solicitudes ante los tribunales, el Seguro Social, el Palacio de Miraflores y la Vicepresidencia de la República, entre otros organismos, con la finalidad de que se les reconozca el bono como un pago complementario a la pensión fijada en 40.638 bolívares al mes a partir del 1º de enero de 2017.
Vásquez destacó que es insuficiente el alza de 50% al salario mínimo, con el cual está homologada la pensión, frente a una inflación de 500%, de ahí la necesidad de instaurar cuanto antes el pago del bono de alimentación y medicinas.
“Entregamos una carta a monseñor Claudio María Celli sobre la situación y la reticencia presidencial frente al bono de alimentación y medicinas, por lo que el papa Francisco sabe la difícil situación de los pensionados venezolanos”, señaló el dirigente.
Informó que la semana pasada Fenajup supo que hay un expediente en el TSJ sobre los pensionados, el cual “necesariamente debe referirse al Ejecutivo, pues es el único que no ha cumplido con su obligación de pagar el bono prometido por el presidente Maduro en febrero de 2014”.
Respecto a la información de fuentes allegadas al IVSS de que la pensión correspondiente al mes de febrero será cancelada la semana entrante a las personas de la tercera edad con billetes del nuevo cono monetario, el representante de la Fenajup indicó que es correcto.
Asimismo, Vásquez denunció la crítica situación de 11.700 adultos mayores que viven en el exterior y que no cobran desde septiembre de 2015, pese a que para muchos de ellos la pensión es su único ingreso para subsistir. Cuestionó la indiferencia por parte de las autoridades del Seguro Social y del Centro Nacional de Comercio Exterior, que tampoco informan a los afectados dónde está el dinero de las pensiones.
DC/EN