Cifras de restos humanos hallados en la PGV podría ir en aumento
Hasta ahora sólo se han encontrado restos de 15 cuerpos humanos, pero esta cifra podría aumentar en los próximos días. El lugar donde se vivió esta horrible tragedia, en la que la vida valía absolutamente nada, fue en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).
El portal de la BBC realizó un reportaje especial de lo vivido en esta cárcel de Venezuela, en la que la autoridad penitenciaria no tenía valor y el que reinaba el descontrol, el desorden, el tráfico de drogas, estafa, sobornos, chatanjes y desde donde se comandaba y controlaba un sub mundo de robo, secuestro y extorsión, que quedó develado luego del cierre y traslados de los reos de este recinto.
De momento son 15 muertos, pero es muy posible que haya más. Y la bandada de zamuros que sobrevuela un rincón de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) parece saberlo.
A pocos metros del muro que limita la cárcel, ahora cerrada, se ve a las aves carroñeras sobre la zona de la caballeriza donde se descubrió una fosa común.
«Se ubicaron un total de 12 cuerpos con sus respectivos cráneos y las partes de otras tres personas, cuyos cráneos no han sido localizados, lo que suman las 15 víctimas encontradas a la fecha», expresó en un comunicado el sábado 18 de marzo el Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela.
«Se presume la existencia de más cadáveres en el sitio, razón por la cual se emprenden acciones de rastreo, detección y ubicación», agregó.
Cinco meses después del cierre temporal de la prisión, el hallazgo de esa fosa y la información del Ministerio Público suponen el mayor reconocimiento de la situación que se vivía en la PGV y que también se denuncia en otros penales del país.
«Desde 2009 llevamos denunciando la existencia de fosas en la PGV», dice a BBC Mundo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que defiende los derechos de los privados de libertad.
Prado lleva años peleando por conocer el paradero de Francisco Guerrero, desaparecido en la PGV desde septiembre de 2009 y cuyo caso ha sido estudiado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en Naciones Unidas.
Quizás sea el caso más conocido, pero no el único.
«No busque más a su hijo»
Keider González iba a cumplir 24 años en mayo del año pasado. El 1 de abril llamó a su casa desde la cárcel para felicitar a su hermano por su cumpleaños. Fue la última comunicación con su familia.
Dos días después, su madre acudió a la prisión, ubicada en San Juan de los Morros, a 150 kilómetros de Caracas. Pero ya no lo vio.
«Lo buscamos por todo el penal y no supe nada», me cuenta un familiar que prefiere no revelar su nombre por temor.
«Se me acercaban (los presos) y decían ‘búsquelo’, pero me lo decían calladito. No hallaban cómo decirme lo que había pasado».
El 11 de abril, una llamada desde dentro de la PGV a la madre de González confirmó las sospechas: «No busque más a su hijo. A su hijo lo mataron».
Tras el anuncio «oficial» y anónimo, la familia decidió hacer la denuncia ante el Ministerio de Justicia e Interior y ante los tribunales.
De momento, en vano. Como la propia búsqueda del cadáver.
«Si por lo menos está muerto, díganme, entréguenme su cuerpo para darle cristiana sepultura», le dijo el familiar de González a uno de los líderes de los presidiarios. En Venezuela, el jefe de los reos recibe el nombre de «pran».
El cuerpo, sin embargo, no apareció. «Fuimos a la morgue, ingresaron cadáveres, pero no estaba ahí», me dice el familiar del joven, que recuerda esa mezcla de angustia y alivio al no verlo en el depósito.
«No pude rescatar su cuerpo y para mí es duro», afirma entre lágrimas.
«Mandan ellos»
La familia de Keider González, que dejó una hija recién nacida de la que se encarga ahora su abuela, no ha recibido de momento la llamada de la fiscalía para saber si el joven está entre los hallados en la fosa.
Pero, ¿cómo es posible que haya una fosa, que pueda haber más y que solo ahora se encuentre, cinco meses después de su cierre y durante la obras de reacondicionamiento?
La respuesta que el director del penal le dio a la familia de González cuando preguntaban por el paradero del joven ayuda a contestar esa pregunta.
«No sabemos. De aquí para allá mandan ellos», dijo. Es decir, dentro de la cárcel.
Y ellos son los presos, y sobre todo, los «pranes», los líderes.
Fuera de control
En el momento de la desaparición de González, la PGV llevaba ya tiempo fuera del control del Estado, que en octubre del año pasado y tras casi un mes de negociaciones, presión y enfrentamientos a tiros, tomó la cárcel.
La PGV fue una prisión modelo hace más de 50 años. Contaba con un área psiquiátrica, una imprenta y muchas hectáreas para la agricultura y la ganadería.
Los vecinos de San Juan de los Morros recuerdan ir con los niños a comprar la artesanía que hacían los presos.
«Los mejores chinchorros (hamacas) del estado Guárico los hacían los presos», recuerda Carlos, que creció en San Juan.
También lo confirma Sonia, que trabajó en administración de la PGV de 1971 a 2009. «Justo cuando yo me fui comenzaba la cuestión de los ‘pranes'», rememora.
Vio cómo empezaron a llegar las armas y cómo algunos presos tomaban el control del penal e instauraban un régimen de terror y extorsión.
Con las leyendas apócrifas de casi imposible verificación se podría escribir un libro. Por ejemplo, la de una cochina a la que daban de comer cadáveres humanos. Dos personas que entraban regularmente a la prisión me dijeron al menos que la cerda, de gran tamaño, sí existía. Y había también un puma.
Recientes videos en redes sociales y en los medios locales hablan de asesinatos, mutilaciones, torturas…
El «pran»
Y todos apuntan al «pran» que lideró la PGV en los últimos meses: Franklin Lozada. Su apodo es elocuente: «Masacre».
Pero «Masacre», en realidad, no era un preso de la PGV, sino que se recluyó allí voluntariamente en diciembre de 2015. Lo hizo para protegerse de la persecución de las fuerzas de seguridad.
Y allí tomó el mando con mano de hierro.
Como sus antecesores en el dominio, obligaba a la mayor parte de los reclusos a pagar la «causa» u «obligadito», una cuota regular.
En abril del año pasado, Keider González debía entregar 1.200 bolívares para asegurarse su supervivencia, según su familia. En octubre ya eran 3.500. Los barrotes y las rejas no frenan la inflación en Venezuela.
«Tuvo una vida terrible en ese lugar, se sentía tan mal, la estaba pasando fea en ese lugar. Veía cosas terribles», me dice el familiar de Keider.
Edgar Azacón estuvo 14 años preso en la PGV entre los años 80 y 90. Una vez libre, no se desvinculó del penal y siguió entrando para dar clase a los presos. Desde 2013 formaba parte de una misión de formación del gobierno de Venezuela.
«Franklin era un déspota, un verdugo», me dice Azacón, que asegura que el líder violó los mínimos códigos de honor de todo «pran». Afirma haber visto personas tiroteadas, mutiladas, algo que coincide con el relato del familiar de González.
Habla «Masacre»
En agosto de 2016 «Masacre» tomó como rehenes a 42 funcionarios para exigir el envío de 2.500 internos. Más presos suponían más «contribuyentes» para pagar la «causa». Más dinero.
El 14 de septiembre estalló una granada que dejó decenas de muertos -las cifras son dispares- durante la gran fiesta de cumpleaños de «Masacre».
Tras un masivo robo de armamento de un cuartel cercano, el Estado finalmente decidió actuar.
Y empezó primero la guerra mediática.
El «pran» denunció con presos enfermos en videos en Youtube que el gobierno estaba restringiendo la llegada de alimentos y medicinas, y criticó a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
A finales de septiembre, las mujeres y niños que entraron de visita ya no salieron. Era una forma de protegerse de una inminente intervención violenta de las fuerzas del Estado.
Fue en esos días de tensión e incertidumbre cuando hablé por teléfono con «Masacre». Negó hechos de violencia y justificó el cobro de la «causa» porque debían «ayudarse unos a otros y comprar el sustento del penal», ya que el gobierno había dejado de suministrar comida.
También rechazó disponer de armas para poder repeler una intervención. «La única manera que tenemos de defendernos ahora es a través de las redes sociales», me dijo en plena guerra informativa con el gobierno.
«¿Seguro que no tienen armas?», insistí. «Ahorita todo es una difamación», replicó, acusando al Ejecutivo.
Ya no contestó la pregunta de por qué estaba él en la PGV. Pasó el teléfono a otro preso, Héctor, quien, aunque esquivo, fue más abierto al reconocer excesos.
«Si en un salón de clase, los críos se pelean, en un universo de 11.700 hombres…»
La cifra de internos en ese momento es dispar, pero era mucho mayor de la ideal.
Insistí sobre la armas. «Hombre, tú sabes», admitió de alguna manera Héctor.
Le pregunté también cómo era «Masacre», del que se escuchaban y leían atrocidades aquellos días de octubre del año pasado.
«Es un tipo normal, de pronto también de carácter, claro. A veces se torna fuerte y tal, y tiene que imponer su criterio, porque si no, todo el mundo quiere hacer lo que le viene en gana».
La intervención
A final de septiembre empezó casi un mes de negociaciones y también de enfrentamientos.
En la parte trasera de la cárcel, junto a la tapia, aún se ve el agujero en forma de puerta que hicieron los efectivos del Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) para sacar a los presos que huían del enfrentamiento.
«Salían en hileras, me dice William, una de las decenas de personas que habita en Tierra de Dios, un campamento de infraviviendas pegado al muro de la cárcel.
«Era puro plomo, teníamos que dormir bajo las camas», recuerda aquellos días de tiroteo entre los presos, liderados por «Masacre» y fuertemente armados, y las fuerzas de seguridad.
A unos 200 metros de William está la tapia de la PGV, y sobre ella, la bandada de los carroñeros zamuros.
Finalmente, el 28 de octubre hubo acuerdo. O derrota de los presidiarios. «Masacre» y los otros presos fueron trasladados a diferentes penales, y la PGV fue «pacificada» y vaciada para preparar una remodelación.
«Lo que viene en esta etapa es una inspección total del recinto», dijo ese día en la cadena estatal de televisión VTV la ministra Varela, que reconoció la existencia de denuncias por desapariciones y la presencia de armas y otras sustancias ilegales en la PGV.
Ahora, casi cinco meses después, se anunció el hallazgo de la fosa.
¿Cuántas víctimas?
«Ya teníamos algunas pistas de dónde se podía ubicar alguna información, dónde podía haber restos humanos, pero no habíamos dado con el lugar», dijo Varela el 11 de marzo.
Entonces se habló de que se habían encontrado tres cuerpos. Luego se amplió a 14; más tarde a 15… Y el número seguramente seguirá creciendo.
Se desconocen de momento sus identidades, quiénes son los culpables de las muertes y las circunstancias.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, culpa al gobierno de las desapariciones y de que el control de las cárceles haya caído en los últimos años en manos de los «pranes».
El gobierno replica. «Tenían el control desde hace mucho tiempo», dice a BBC Mundo un portavoz del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
«Nosotros hemos recuperado el 98% de los penales», afirma el portavoz ministerial.
Ajenos a las luchas políticas están los familiares de un número indeterminado de desaparecidos como Francisco Guerrero o Keider González.
«No ver su cuerpo es una de las cosas que más me ha afectado», dice el familiar de González. «La impotencia es demasiado grande», agrega, convencido de una muerte que quizás no se aclare nunca.
Ya se conforma simplemente con encontrar unos restos que enterrar.
DC|BBC