Súmate Zulia: La ruta sigue siendo democrática y es electoral
Luego de los resultados de las Elecciones Parlamentarias del 06 de diciembre de 2015, surgió una nueva mayoría en Venezuela, al lograr las fuerzas políticas integradas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN), es decir el 67 por ciento de la totalidad de las curules.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Poder Ejecutivo ha venido ejecutando una estrategia, hilvanando una serie de acciones, con el fin de desconocer a la nueva mayoría nacional manifestada el pasado 6 de diciembre, utilizando para ello al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha dictado más de 50 sentencias en contra de la Asamblea Nacional, desde el 30 de diciembre de 2015 (sentencia de Sala Electoral N° 260) hasta el pasado 29 de marzo de 2017 (sentencias de la Sala Constitucional Nº 155 y Nº 156).
Es obligatorio detenernos en las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ en contra de la AN signadas con los Nº 155 y 156 del 28 y 29 de marzo, respectivamente, porque constituyen la estocada final al parlamento venezolano, a pesar de su pretendida corrección en las nuevas sentencias Nº 157 y 158 de este 1 abril. En resumen, las sentencias Nº 155 y 156: 1) declaran nulo “…el acto parlamentario de Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA…”; 2) eliminan la Inmunidad Parlamentaria y acusan a los Diputados de traición a la patria; 3) otorgan poderes al Presidente de la República en materia civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social, para evitar un eventual estado de conmoción; 4) Prorrogan el Estado de Excepción; 5) evaden la facultad de la AN para aprobar la constitución de Empresas Mixtas; y 6) ratifican que mientras continúe la condición de desacato de la AN sus decisiones son nulas y que la Sala Constitucional o un órgano nombrado por ella asumiría la totalidad de las competencias del Parlamento.
Aunque las sentencias son susceptibles de aclaratorias por el tribunal que las dicta, en este caso la Sala Constitucional del TSJ, esta aclaratoria está sujeta a límites legales, que no permiten que cambie el contenido de las mismas; por lo que las modificaciones de las sentencias 155 y 156 mediante las sentencias 157 y 158 constituyen otra violación más del orden constitucional y legal, que redunda en el evidente desconocimiento de la ley y abuso de poder.
Todo comenzó el 30 de diciembre de 2015 (sentencia N° 260), cuando la Sala Electoral del TSJ suspendió a los diputados electos por el estado Amazonas, con el fin de cumplir el propósito del PSUV en el gobierno nacional de arrebatarle la mayoría de las dos terceras partes (112 de 167 diputados) a la MUD (3 de los 4 diputados de Amazonas son de oposición). Los 112 escaños ganados por la MUD le dan los tres tipos de mayorías estipuladas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le otorga todas las competencias establecidas en la Constitución al Poder Legislativo Nacional, gran parte de ellas incluidas en el artículo 187. (Ver editorial de Monitor Parlamentario Agosto – Septiembre 2016)
El TSJ, aprovechando que la mayoría de la Asamblea Nacional juramentó e incorporó a 3 de los 4 diputados de Amazonas suspendidos, declaró en desacato al Poder Legislativo, por lo cual sentenció, más adelante, que todos sus actos son nulos. Pero ahora el TSJ no solo exige al Poder Legislativo la desincorporación de los diputados de Amazonas sino que también acate todas las decisiones dictadas hasta la fecha, como lo podemos evidenciar en la sentencia Nº 2 de este año 2017 en la que “…declara la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República…”
Asistimos a una situación en la cual se pretende anular la separación de poderes, con las consecuencias que esto tiene para la democracia y para la estabilidad política del país. La restricción de las libertades y los derechos políticos de la Asamblea Nacional que constituyen de facto la disolución del Parlamento, implica un zarpazo a la Democracia, implica una ruptura clara del hilo constitucional y traspasa claramente los límites del autoritarismo formal. La única forma de mantener una decisión como esta es con represión y autoritarismo en contra de los más de 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Esperamos que prive la sensatez y no se siga promoviendo la violencia entre los venezolanos.
El contexto es complejo: el Consejo Nacional Electoral tiene secuestrado el derecho al voto; el Tribunal Supremo de Justicia impide que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones; el Poder Ejecutivo gobierna con un Estado de Excepción y un Decreto de Emergencia Económica desde hace más de un año, pero la crisis económica sólo se agudiza; y el Consejo Moral Republicano se debate entre las declaraciones de la Fiscalía General rechazando las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ como la violación de la integridad de la República y la ignominia de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. No basta con que la Fiscal General de la República haya reconocido públicamente la ruptura del hilo Constitucional, ella está en la obligación determinada en la Constitución de convocar al Consejo Moral Republicano, órgano competente y no el Consejo de La Defensa como lo hizo el Presidente de la República Nicolás Maduro, para emprender las acciones contra los 7 Magistrados de la Sala Constitucional del TSJ por sus actuaciones. Además, debe ejercer de oficio las acciones penales contra estos Magistrados, conforme a la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Penal.
Nos esperan tiempos de profunda convulsión política. ¿Quién está en desacato? ¿Una Asamblea Nacional que no ha podido desde su elección ejercer sus competencias constitucionales de legislar y controlar, cuyas decisiones, desde la aprobación de leyes, hasta la destitución del presidente no tienen efectos reales? ¿Un TSJ que pretende desconocer la AN, disolverla y ejercer como juez y parte de todas las decisiones del país pasando por encima del CNE y la AN? ¿Un CNE que limita los derechos constitucionales a elegir y ser elegido, viola la carta magna al no convocar procesos electorales a discreción, adelantarlos o retrasarlos sin dar explicaciones de ningún tipo al país? ¿Un Poder Ciudadano que en voz de la Fiscal General desconoce las sentencias del TSJ y anuncia la ruptura del orden constitucional?
Acudimos a un Reality Show donde es claro que el Poder Ejecutivo controla el TSJ y el CNE, pretendiendo anular por esa vía el Parlamento Nacional y secuestrando los procesos electorales pasados, como el Referendo Revocatorio; pendientes, como las Elecciones Regionales; y futuros, como las Elecciones Municipales y Presidenciales, todos estos sin claridad de cuándo serán convocados y ejecutados, en un contexto en el cual el gobierno le teme a la voluntad popular expresada a través del voto.
Un Reality Show en el cual los poderes públicos se desconocen entre si, la crisis institucional no permite el ejercicio de las libertades democráticas y la crisis social y económica hace que los ciudadanos desconfíen de todo y de todos, empleen su tiempo y esfuerzo en la satisfacción de necesidades básicas que hoy son difíciles de satisfacer en Venezuela y miren el futuro con la desesperanza propia de no ver salidas claras.
La ruta, sin embargo, sigue siendo democrática y es electoral. El mensaje a los ciudadanos es a participar, a exigir pacíficamente el restablecimiento de la democracia y la recuperación de las instituciones. El mensaje a la sociedad política es hacia la construcción de un acuerdo nacional de transición que permita tomar decisiones para contener el avance del deterioro económico y de la pobreza, mientras se les ofrece a los venezolanos la posibilidad de reconstruir su futuro a través de la elección de un nuevo equipo de hombres y mujeres que sean capaces de sacar a Venezuela y a los venezolanos de la gravísima crisis que atravesamos, la más grave de nuestra historia republicana. Esto no es una entelequia, es una labor política que requiere del concierto y la participación de todos, de toda la sociedad, de todos los que creemos en la democracia como sistema y como modelo.
DC|NP