A través de un comunicado emitido por el Ministerio Público manifestó que “Buscan determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril”, el cual dejó más de 300 personas muertas.
Estudios y advertencias de instituciones oficiales, expertos en uso de suelos y organizaciones ambientales advirtieron desde 1989 sobre la posibilidad de una avalancha sobre la ciudad construida en un valle, rodeada y atravesada por ríos.
Un último balance informa que ya son 323 los muertos por el alud de barro y lodo que sepultó varios barrios de esa localidad de 42.000 habitantes.
El presidente Juan Manuel Santos, manifestó que mientras se siguen retirando escombros, el gobierno estudia las zonas en las que podría reubicar a las familias damnificadas.
“Hay zonas identificadas donde no se puede construir”.
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