Michelle Bachelet anuncia cierre de penal para represores en Chile
El anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de cerrar Punta Peuco, una cárcel especial para violadores de derechos humanos en Chile, desató el viernes una polémica en la que algunos incluso afirman que el traslado de los reos a una cárcel común los matará.
La mandataria fue consultada durante un programa de CNN Chile para saber si cumpliría la promesa hecha en 2015 a una víctima de la dictadura militar (1973-1990) de cerrar Punta Peuco, a lo que respondió sonriendo: «Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacer».
Al preguntar a la vocera de gobierno, Paula Narváez, por qué no se ha hecho nada en dos años, respondió que la medida requiere análisis y varias medidas y que oportunamente se avisará, aunque el plazo vence en marzo próximo al concluir el segundo mandato presidencial de Bachelet.
Loreto Iturriaga, hija del general Raúl Iturriaga Neumann, condenado entre otros crímenes por el asesinato en Buenos Aires del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats en 1974, dijo: «La población del penal Punta Peuco es una población de ancianos, de adultos mayores enfermos. Con mayor razón menos se justifica el traslado de esas personas. Muy pocas de ellas van a poder resistir este traslado a una cárcel común, porque en esos momentos los estarían deliberadamente matando».
El abogado de varios presos de Punta Peuco, Raúl Meza, anticipó que pedirá la intervención del candidato presidencial centroderechista Sebastián Piñera si es electo presidente en noviembre, porque eso inhabilitaría a la mandataria «no solamente políticamente sino moralmente de tomar una decisión que tanto perjuicio va a hacer a las personas que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco».
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, aseguró que Bachelet tiene las facultades para cerrar el penal y «redestinar a los genocidas que hoy día cumplen condena en ese lugar a una cárcel común».
Varios políticos oficialistas respaldaron la idea de cerrar la prisión que hoy está ocupada por 90 criminales de lesa humanidad con edades promedios de 60 a 90 años. Éstos actuaron en los primeros años de la dictadura, cuando se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos en Chile y desapareció el mayor número de izquierdistas.
El cierre del penal es una petición que por años han hecho activistas y familiares de víctimas de la dictadura, que se estiman en poco más de 40.000. De éstas, 3.095 fueron asesinadas, aunque los cuerpos de más de un millar aún no aparecen. Desde el retorno de la democracia en 1990, el Servicio Médico Legal sólo ha identificado a 153 desaparecidos, pues los represores no han revelado qué hicieron con los restos de centenares de opositores.
Punta Peuco cuenta con dormitorios para dos personas, patios y lugares para hacer asados, entre otros beneficios. Cuando se llenó, se construyó una filial en un costado de la cárcel común de Colina I, donde ya hay 27 violadores de derechos humanos y su espacio es para más de un centenar de reos.
DC/AP