Padres de Juan Pernalete solicitan antejuicio de mérito para seis altos funcionarios por delitos contra su hijo y familia
Elvira y José Pernalete solicitaron este martes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito para seis funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por la comisión de diversos delitos en contra de su familia, la memoria de su hijo y la investigación.
Obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular son algunos de los delitos previstos en las leyes venezolanas por los cuales los padres del joven asesinado en Altamira durante una protesta en abril denuncian a los altos funcionarios.
A pesar de que han pasado casi tres meses desde que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariano (GNB) disparó una bomba lacrimógena al pecho de Juan Pernalete y lo mató, la identidad del asesino no ha sido descubierta, no por falta de investigaciones científicas por parte del Ministerio Público, asevera el padre del joven, sino por la poca cooperación y diligencia de la misma GNB.
Esta razón los impulsó a buscar justicia por la muerte de su hijo, y a demandar que al menos tres funcionarios que conforman la cadena de mando de la Guardia Nacional respondan por los crímenes cometidos por el cuerpo de seguridad, específicamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ex comandante de la GNB, Antonio Benavides Torres y el general de la GNB, Fabio Zavarse Pabón.
“Estos tres militares han actuado en complicidad para desvirtuar los hechos en que fue asesinado el joven de 20 años mediante comunicados afirmando que no fue un GNB el implicado en el delito, y han obstruido el camino que la justicia debe recorrer para identificar, individualizar y enjuiciar al funcionario culpable del crimen, a quien han resguardado”, señaló José Pernalete, padre de la víctima.
Los Pernalete también pidieron el antejuicio de mérito para los diputados a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y Pedro Carreño, y el ministro de Comunicación Ernesto Villegas. Estos tres oficialistas han cometido faltas por las cuales deben ser enjuiciados, considera el abogado del caso, Waldemar Núñez.
Para acusar a Diosdado Cabello, los familiares se basan en las declaraciones en que el aún parlamentario –a pesar de ser candidato a la Constituyente– afirmó que fueron los estudiantes que se encontraban el 26 de abril en el sector Altamira manifestando quienes asesinaron a Pernalete. Además incluyen las calificaciones de “terroristas” y “criminales” con que el diputado oficialista se refiere a los ciudadanos que participan en las protestas, incluido Juan Pernalete y la falsa afirmación de que el estudiante fue asesinado con una pistola de perno.
Los delitos que le atañen son instigación al odio, abuso de la credulidad popular, obstrucción a la justicia y tratos crueles e inhumanos, el cual se encuentra en la Ley Especial Para Prevenir Y Sancionar La Tortura Y Otros Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes que el mismo Cabello firmó en 2013 cuando ejercía la presidencia de la AN.
Por otra parte, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, expuso en reiteradas ocasiones ante medios de comunicación públicos la errónea tesis de la pistola de perno, incluso aceptando que la Fiscal tiene una verdad, pero ellos tienen la suya. “Quiso decir que estas personas conjuntamente tenían la intención de desvirtuar todo lo que estaba pasando en la realidad de la muerte de Juan Pernalete, atentando contra las leyes, la Constitución y la institucionalidad”, afirma el abogado Núñez. Además, Villegas permitió el uso de las instalaciones del Estado para que tanto Cabello como periodistas de Zurda Konducta atentaran contra las leyes venezolanas al hacer juicios de valor sobre el caso que es potestad del Ministerio Público, lo que podría traducirse como un delito de corrupción.
El caso contra Pedro Carreño está sustentado en su petición de antejuicio de mérito a la Fiscal, quien dio parte de los avances oficiales en el caso de Pernalete, por lo que el intento de negación de la justicia resulta en delito de obstrucción en la investigación y por ende, la justicia.
Elvira y José Pernalete agregan en sus denuncias a los funcionarios los tratos crueles hacia ellos como padres de la víctima, pues las declaraciones que han hecho los tres funcionarios sobre la muerte de su hijo y las falsas informaciones sobre su muerte han hecho mella en su estado psicológico, de acuerdo a la conclusión de diversos exámenes que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) realizó a los padres. Asimismo, incluyen la perjuría a la memoria de Juan Pernalete al llamarlo “terrorista” y “criminal”.
La familia Pernalete –sus padres y el abogado del caso, quién es su primo– se basan en una jurisprudencia del 2002 emitida por la Sala Constitucional –cuyas decisiones son vinculantes en todo caso– para pedir el antejuicio de mérito, el cual normalmente solo puede pedirlo la Fiscal General de la República. La jurisprudencia 1331 firmada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera permite a los ciudadanos que tienen cualidad de víctima en delitos penales de ejercer el antejuicio contra altos funcionarios.
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