Ante el incremento de salida de venezolanos con sus hijos del país huyendo de la grave crisis política, social y sobre todo económica que los afecta ha disparado las solicitudes de permisos judiciales de viajes, haciendo que el costo de los mismos se incremente en un 70%.
“Las autorizaciones para ese tipo de solicitudes se ha incrementado en 70%; han aumentado en la misma medida en que se ha agudizado la crisis del país. Hace 3 años la frecuencia era menor, casi 40%”, afirma una ex juez de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en Caracas, quien desde hace 1 año ejerce en la materia de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) en forma privada.
El porcentaje lo avala la abogada Sara Guardia, quien fue titular de juzgado durante 10 años, hasta 2010, y se dedica ahora al litigio particular. “En 2010, por ejemplo, esas solicitudes eran algo excepcional; la gente no tenía en mente migrar a ninguna parte. Puedo asegurar que por lo general los jueces suelen estar de acuerdo con que los niños se vayan a otro país, pero fundamentados siempre en el interés superior del niño”.
Carga de alegatos. El concepto, contemplado en el artículo 8 de la Lopna, establece los parámetros que los jueces deben tomar en cuenta al momento de decidir, aunque está “discrecionalmente reglado” sobre la base de que el niño debe tener asegurada su salud, su educación, su recreación, el derecho a la vida y un ambiente sano para el libre desenvolvimiento de su personalidad, entre otros supuestos. “El problema es que los niños se han involucrado en el tema político y el paradigma de protección integral es que los niños deben disfrutar su niñez y madurar conforme a su edad”, señaló Guardia.
El padre o la madre que solicita la autorización de residencia alega ante el tribunal la inestabilidad económica del país, la pérdida de clases e, inclusive, el riesgo de una guerra civil. Busca obtenerla con la promesa de darle al niño una mejor opción de vida fuera del país y tiene que demostrarlo.
DC/EN