Familiares de presos políticos abogan por la libertad de pensamiento en Venezuela
La ONG Acción por la Libertad, en conjunto con el Foro Penal Venezolano y Justicia Proceso en Venezuela, realizó un encuentro donde expusieron los casos de violaciones de derechos fundamentales contra 7 profesores universitarios que son presos políticos, encarcelados sin derecho al debido proceso, ni a la salud y exhortaron al gobierno nacional a liberar a todos los presos políticos y respetar la autonomía universitaria.
En el foro «Violación a la libertad de pensamiento en Venezuela», familiares de los profesores encarcelados Jorge Machado, Santiago Guevara, Yoel Bellorin, Julio García, Carlos Requena, Rolman Rojas, Rosmery Di Pietro, resaltaron que en Venezuela se debe respetar el disentimiento y la formación universitaria libre.
«Estos profesores quienes han sido detenidos por cumplir con su deber, que es promover la libertad de pensamiento en las universidades, deben ser liberados. Están presos por pensar diferente pero aún, estando presos, mantienen el compromiso de seguir educando para la libertad y la capacidad de disentimiento que debe tener la sociedad». Así lo aseguró la profesora universitaria Sandra Pinardi.
Los abogados presentes resaltaron que «hoy estamos peor, porque la represión llegó a las universidades. Lamentablemente al gobierno no le importa la educación, no quiere que el venezolano se eduque y aprenda a discernir. Atacan la libertad de las ideas desde todos los ámbitos, ya lo hicieron con los militares, con los profesores, estudiantes y dirigentes políticos», agregó Omar Mora Tosta.
Por su parte, Mariana Barrios, esposa del profesor universitario Sergio Contreras, quien fue detenido el mes de mayo en una manifestación pacífica, hoy bajo libertad condicional, se refirió a las irregularidades durante el proceso de enjuiciamiento en contra de Contreras. «Cuando detienen a alguien en una protesta, ninguna autoridad de seguridad del Estado te informa donde tienen a tu familiar detenido. Aunado a ello, son enjuiciados en tribunales militares, injustamente».
Así mismo, destacó que en casos como el de los presos políticos que poseen condiciones de salud que requieren atención inmediata, los familiares «tienen que buscar la fuerza para pedir que sean atendidos, que se les de su tratamiento médico. Las familias de los presos políticos son obligados a cambiar su vida para emprender la defensa del familiar preso. Es un momento muy difícil porque nos toca dejar todo a un lado y dedicarnos a defenderlos».
Familiares de los presos políticos Leopoldo López, José Luis Santamaría, Andrés Martínez Oramas, Roberto Picón, entre otros, manifestaron que «el ataque a la academia es el ataque a las ideas» y dieron a conocer un informe donde llaman la atención del Gobierno de Nicolás Maduro para que se haga justicia en los casos de violaciones y encarcelamientos injustos. «Como lo dijo la abogada Lilia en el evento, cuando uno se involucra con un familiar de preso políticos, te conectas con todos los casos y cada uno de los presos que son 566. Hoy nos unimos para elevar el caso de 7 profesores que representan un ataque al futuro de los jóvenes de nuestro país, un ataque a la academia y al pensamiento. Conocimos que las condiciones de cárcel son inhumanas, ningún venezolano merece esto. Pedimos la libertad plena para todos. No descansaremos hasta verlos libres», agregó Lilian Tintori de López, activista por los derechos humanos.
«Cuando se encarcela a un inocente nosotros tenemos que recorrer todos los centros penales para descubrir dónde se encuentra la persona. En Venezuela hay una irregularidad enorme en los procesos penales, debido a la nueva competencia penal ordinaria y al enjuiciamiento de civiles mediante tribunales militares. Esto es una violación más a los derechos y a la Constitución ya que es ilegal las privativas de libertad en esta situación», expresó la abogada Lilia Camejo.
En el encuentro se hizo presente también el apoyo al diputado Gilber Caro por la huelga de hambre que inició el día de ayer para exigir que sea trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, debido a que las condiciones en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Libertador, en Tocuyito, Carabobo, «son aún peores. Desde que se encuentra ahí ha rebajado más de 10 kilos, lo mantienen en situación de aislamiento, no lo dejan ver a sus hijos y tampoco le dejan pasar su comida», aseguró Carolina Caro, hermana del diputado.
Cabe destacar que en los últimos días, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein pidió una investigación internacional sobre «el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela», las cuales podrían evaluarse como «crímenes contra la humanidad», que representan «un real peligro por una escalada de tensiones contra instituciones democráticas y voces críticas (…) detenciones arbitrarias, excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos que en algunos casos se asemeja a la tortura», explicó.
Según Foro Penal, la suma de presos políticos hasta el día de hoy en Venezuela es de 566, entre los que se encuentran dirigentes políticos, alcaldes, diputados, concejales, estudiantes, activistas y sociedad civil que fueron detenidos durante las protestas pacíficas. Muchos de los cuales han sido sometidos a confinamiento en solitario, precarias condiciones de reclusión, aislamiento, falta de atención médica y derecho a la defensa.
DC/NP