Promesas Demagógicas, por Alfonso Hernández Ortiz
A propósito de celebrarse el próximo 10 de diciembre las elecciones municipales a nivel nacional y en el Zulia repetirse la elección para la gobernación, me llama la atención con gran preocupación las ofertas electorales que están haciendo distintos candidatos de ambas tendencias a los ciudadanos, promesas que rayan en lo absurdo ya que ante la carestía presupuestaria de los gobiernos locales y regionales, las altas cargas burocráticas clientelares y la gravísima situación económica que atraviesa el país con proyecciones alarmantes para el 2018, es impensable que los presupuestos públicos puedan alcanzar para pagar gastos ordinarios, nomina de empleados e inversión pública, es decir al ritmo que va la nación muchas alcaldías y gobernaciones estarán en riesgos de déficit presupuestario, realmente se verán asfixiadas ante el centralismo.
En tal sentido, es irresponsable que los candidatos en su afán de motivar la intención del voto de los electores, prometan cosas imposibles de cumplir ya que los presupuestos públicos locales, depende del situado derivado del poder central y en el caso de los municipios aunque obtienen ingresos ordinarios, que son los procedentes de la administración de su patrimonio, incluidos los ejidos y baldíos; las tasas por el uso de los bienes y servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, así como tributos denominados impuestos municipales por actividades económicas, de industria, comercio y servicios o de índole similar, estos se han vistos muy mermados derivado a la gran cantidad de empresas que han tenido que bajar sus puertas ante la crisis país.
Por su parte, los gobiernos regionales se ven sometidos a la práctica de centralismo caraqueño el cual destina recursos bajo criterios de personalismo político, así como también los niega, resta competencias u atribuciones (administración de carreteras, puertos y aeropuertos), usurpa funciones, impone figuras por encima de los gobernadores, estableciendo gobiernos paralelos, en violación al artículo 4 de la Constitución de la República en donde se establece que Venezuela es un “Estado federal descentralizado”, asunto que ha ido en detrimento de los avances que permitió la descentralización, afectando considerablemente los presupuestos de las regiones, los cuales se han reducido al mínimo, mucho más cuando las gobernaciones dependen 98,5% del Situado Constitucional asignado por el Estado y el resto proviene de recursos propios.
De igual forma, pareciera que los candidatos no han considerado el hecho del contexto político actual donde el Poder Ejecutivo desconoce las funciones de las Asamblea Nacional, por considerarla en desacato y aunque es quien debe aprobar la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento, no ha sido así, el Presupuesto del 2017 fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia y para el 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente, violando la Constitución y la vigente Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Pública, la cual estable que el Gobierno debe presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de presupuesto y de Ley de endeudamiento antes del 15 de octubre, pues solo la Asamblea Nacional, mediante Ley, puede autorizar tanto el presupuesto como el límite máximo del endeudamiento. Situación que coloca en menoscabo a los gobiernos locales y regionales opuestos al régimen.
Aunado a lo anteriormente descrito, las proyecciones económicas para Venezuela para el 2018 siguen siendo muy negativas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en Venezuela la inflación anualizada será de 2.529,6% al cierre de 2018. Venezuela enfrenta una una crisis política y humanitaria en medio de una recesión, señala el Fondo en el informe, y agrega que “la intensificación de la crisis política pesa mucho sobre la actividad económica”, donde la caída de la producción petrolera “aumenta aún más la incertidumbre”. Por su parte las proyecciones del Banco Mundial y de la CEPAL, colocan a Venezuela como una de las economías inflacionarias más altas del mundo.
En tal sentido, es menester que la clase política en campaña tome en consideración las variables políticas y económicas del país, le hablen claro y con la verdad a la gente y evitar seguir haciendo promesas gubernamentales cargadas de demagogia, como si desde las alcaldías y gobernaciones se generarán recursos propios para cubrir demandas infinitas, ante presupuestos finitos.
DC / Alfonso Hernández Ortíz / Politólogo – Abogado / dialogopublico@gmail.com / @AlfonsoZulia