Delsa Solórzano: La próxima semana será remitido a la CPI informe sobre violación de DDHH en Venezuela
La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), afirmó que la próxima semana remitirán a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela.
El planteamiento lo hizo a su salida del foro “Corte Penal Internacional y aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela”, evento que se efectuó en el edificio José María Vargas. Sede administrativa de la AN, donde asistieron además las diputadas Gaby Arellano (Unidad/Aragua), Adriana Pichardo (Unidad/Aragua) y el diputado Winston Flores (Unidad/Vargas).
Como ponentes participaron Luis Izquiel, abogado y criminólogo, quien expuso 10 claves sobre la investigación preliminar de la CPI en el caso Venezuela; Alí Daniels, abogado, profesor de derecho internacional humanitario, con su ponencia Mitos y Realidades de la CPI, mientras que en el caso de Venezuela Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional de la UCV, habló sobre Prevención y represión de los crímenes atroces.
Manifestó la parlamentaria que la CPI a través de la Fiscalía, órgano autónomo e independiente de dicho ente, abrió una investigación preliminar para determinar si los hechos ocurridos en Venezuela durante el año 2017 donde resultaron asesinados por parte del Estado venezolano más de un centenar de ciudadanos, la Comisión de Política Interior que preside tiene registros de más de tres mil detenciones arbitrarias.
Añadió que la instancia parlamentaria tiene registro de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes contra los detenidos, sus familiares y manifestantes. Asimismo, investigaciones importantes de brutal represión y de distintos heridos que resultaron durante las manifestaciones sin desmerito, por supuesto, de todo lo que fue la violación a la libertad de expresión y ataques a la prensa durante el 2017.
“De todo esto, sin excepción, tenemos probanzas importantes que vamos a consignar ante la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para que enriquezca la investigación que está llevando a cabo”, dijo Solórzano.
La diputada refirió que la fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, envió una comunicación formal a la Comisión de Política Interior requiriendo que le remitamos los informes que tenemos donde se han recabado todas las pruebas en virtud de que ella ha solicitado a la CPI la apertura de la investigación por los casos 2017.
“Para complementar las probanzas que ella ha entregado también quiere hacerlo con el informe de la Comisión de Política interior de la AN, por lo que se acordó remitirle a Luisa Ortega Díaz nuestros informes y probanzas así como también a la CPI”, afirmó la legisladora.
Por otra parte, añadió que además van a llevar a la CPI el caso de Oscar Pérez porque, en efecto, el Estatuto de Roma señala que cuando el Estado asesina a un ciudadano en las circunstancias en las que fue ultimado dicho ciudadano y su grupo a pesar de haberse rendido -y de su redición hay suficiente evidencia- esto encuadra dentro de los crímenes del Estatuto de Roma.
Aclaró que el Estatuto de Roma sanciona la responsabilidad penal de la persona, es decir, que la pena es individual. “De tal manera que aquellos que individualmente han cometido el delito de homicidio, de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que individualmente han incurrido en cualquiera de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, pueden ser sancionados con penas que van hasta la cadena perpetua”, aseveró.
Recalcó que estos informes y evidencias serán entregados la próxima semana en primer lugar a la fiscal Luisa Ortega Díaz y en esa misma semana estaremos remitiendo toda esta documentación a la CPI el caso de Oscar Pérez.
Precisó la diputada Solórzano que los casos que ha solicitado la fiscal se refieren a los ocurridos durante el año 2017, pero aclaró que eso no es obstáculo para que se abran otras investigaciones por otros hechos porque la CPI sanciona individuos.
“Es decir, que no hay obstáculo para abrir investigación por otros hechos y sancionar a los responsables. Por ello vamos a requerir la apertura de una investigación por lo ocurrido en el marco de la masacre de El Junquito. Asimismo vamos a enriquecer la denuncia de la fiscal Ortega Díaz anexando la documentación y pruebas de los hechos ocurridos en el 2014 y los que han venido sucediendo en el país desde el año 2000”, explicó.
Sobre las revelaciones de la fiscal Ortega Díaz, que al parecer recibió presiones de Diosdado Cabello para encarcelar a Leopoldo López, la diputada subrayó que lo que ocurrió en ese caso fue el efecto Afiuni (María Lourdes).
“Cuando los funcionarios se niegan a cumplir con esa presión terminan en la cárcel o en el exilio y justamente eso es lo que ha pasado en este caso. Aquí se evidencia de nuevo que Leopoldo López es inocente, que es un preso político y hoy, precisamente, cumple 4 años de injusta prisión y no debió estar encerrado. No sólo porque lo dijo Ortega Díaz, sino el fiscal anterior que fue quien llevó el caso. Esto es lo que ratifica la inocencia de Leopoldo López”, precisó la parlamentaria.
Dijo que todos los que luchan por Venezuela, periodistas, artistas, políticos deportistas y ciudadanos en general, son víctimas de la persecución política.
“Eso va desde que te niegan la bolsa del Clap, el cupo en la escuela, una carta de trabajo, te piden un carnet violando tus derechos humanos porque pensamos distinto y eso es lo que está ocurriendo con Leopoldo y con todos aquellos que nos atrevemos a levantar la voz”, expresó.
Al clausurar el evento, la diputada Solórzano destacó que el objetivo de este foro era para que el país entienda lo que significa el Estatuto de Roma, lo que es la CPI y la Fiscalía Internacional. Agradeció a los ponentes, “su valioso aporte” en estos temas.
Agregó finalmente, que la Comisión de Política Interior dedicará este año mucho tiempo en la redacción del Código Penal Internacional y para ello contarán con la colaboración del internacionalista Fernando Fernández.
Asimismo trabajará en la redacción de la Ley de Calabozos Judiciales y la Ley para sancionar el robo y uso de celulares robados.
DC / NP AN