Gobierno polaco mantiene su fuerza en el país pese críticas internacionales
Las críticas internacionales arrecian sobre el Gobierno polaco del partido nacionalista Ley y Justicia, denostado por su oposición a recibir refugiados, la polémica reforma de la justicia o la controvertida ley del Holocausto, mientras la formación mantiene intacta su popularidad.
La conocida como ley del Holocausto, que contempla penas de hasta tres años de cárcel por el uso del término «campos de concentración polacos» o por acusar al país de complicidad en ese genocidio, ha causado la última crisis diplomática entre Polonia y sus en teoría aliados, ya que le ha supuesto una dura reprimenda por parte de Estados Unidos y, sobre todo, de Israel.
El ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, llegó a calificar esta ley de «vergonzosa falta de respeto a la verdad», mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó abiertamente la norma y exigió su modificación.
Antes había sido la polémica reforma del sistema judicial emprendida por Varsovia la que había provocado las críticas de la comunidad internacional, hasta el punto de que la Comisión Europea activó el proceso previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, que podría llegar a suspender el derecho de voto de Polonia en las instituciones comunitarias.
La reforma del sistema judicial también fue cuestionada desde el otro lado del Atlántico y Washington mira con inquietud la revuelta situación política en Polonia, especialmente después de que la cadena de televisión TVN24, propiedad de un grupo estadounidense, fuese multada por emitir una información presuntamente manipulada sobre las protestas antigubernamentales de 2016.
Esta tormenta de críticas poco parece importar al partido Ley y Justicia, que gobierna Polonia con mayoría absoluta desde 2015, y su líder, Jaroslaw Kaczynski, ha asegurado recientemente que «el programa de cambios profundos no se ralentizará pese a la oposición de potencias extranjeras que durante años trataron a Polonia como su patio privado».
Ésta parece ser también la opinión que comparte buena parte de la sociedad polaca, al menos a tenor de las últimas encuestas, que muestran que el 55 % de los ciudadanos aprueba la gestión de su primer ministro, Mateusz Morawiecki, dos puntos porcentuales más que a comienzos de mes.
Ley y Justicia goza además del mayor apoyo desde su elección, con más del 40 % de ciudadanos respaldando su agenda política.
«La sociedad polaca está más dividida que nunca en su historia moderna» entre los partidarios y detractores de Ley y Justicia, explicó a Efe la politóloga y profesora universitaria Anna Sroka, quien cree que «el aumento de los apoyos al Gobierno se deben sobre todo a los importantes programas sociales que se han aprobado».
Sroka recuerda que se ha puesto en marcha un importante plan de ayuda a las familias con pagos de 125 euros mensuales por cada hijo a partir del segundo, que ha pasado a convertirse en una importante fuente de ingresos para la población rural, poco favorecida hasta ahora por la rápida transición del país al capitalismo.
«Al polaco medio no le interesa cómo se ve a Polonia desde fuera, lo que más le afectan son los programas sociales, la mejora de la economía (se prevén tasas de crecimiento por encima del 4 % este año), el aumento del nivel de vida y la sensación de que el país es seguro», añade esta experta.
Aunque el PIB ha crecido exponencialmente desde la adhesión del país a la UE, el nivel de vida, especialmente en el campo, no siempre ha seguido esa tendencia, y los anteriores gobiernos liberales del partido Plataforma Ciudadana han estado más interesados en que Polonia se parezca más a los países occidentales que en mejorar el nivel de vida de sus regiones más pobres.
«Los gobiernos liberales anteriores olvidaron en gran parte la política social, y el actual Gobierno es el primero que ha dado dinero de manera directa a los ciudadanos», señala Sroka.
Esta desconexión entre los gobernantes y parte de la población provocó que un buen porcentaje de la sociedad polaca no acabase de ver los beneficios del capitalismo y el acceso a la UE, a la vez que se miraba con desconfianza a los gobiernos liberales, acusados de corrupción y de mirar más por intereses personales que por el bienestar del país.
La consecuencia más inmediata ha sido un debilitamiento de la opción política liberal, lo que ha dado paso a corrientes populistas más conservadoras y nacionalistas, explica esta politóloga.
DC / La Vanguardia – EFE