¡Basta ya! A la persecución por denuncias a la crisis eléctrica
En los últimos meses el estado Zulia ha padecido el colapso del servicio eléctrico. El Comité de Afectados por los Apagones informó que en los primeros meses del año se registraron 7.780 fallas en el sistema eléctrico, que van desde apagones de horas a interrupciones cortas.
De ese total, 70 se produjeron en los estados Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas. La situación ha originado múltiples protestas y exhortaciones de parte de la sociedad civil organizada. La respuesta gubernamental a estas ha sido la persecución de manifestantes y personas vinculadas a la gerencia de la extinta Enelven.
Por ejemplo, la mañana del 24 de abril, aproximadamente 30 personas se congregaron en las inmediaciones de la sede de Corpoelec ubicada en el sector Amparo, en Maracaibo, para manifestar su descontento por las constantes fallas del servicio eléctrico que afectan al estado Zulia. Cuando vecinos del sector Amparo se reunían para iniciar la protesta pacífica, una camioneta Jeep color blanco, sin placas, llegó al lugar y de ella descendieron sujetos sin uniforme ni identificación, con armas largas que detuvieron a una veintena de manifestantes y profirieron amenazas verbales a quienes allí se encontraban, exigiendo que se retiraran de la zona.
Tres días después, el 27 de abril, el secretario de gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, informó que un tribunal del estado Zulia dictó orden de detención contra el ingeniero Ciro Portillo, exvicepresidente de Enelven, quien en diversas ocasiones había manifestado ante los medios de comunicación que la falta de mantenimiento de las plantas era la causa de las constantes fallas eléctricas en el Zulia. Portillo es además una de las fuentes de consulta más usadas por los medios de comunicación en Venezuela, debido a la falta de información oficial por parte de las autoridades sobre las causas de las fallas del sistema eléctrico.
Esta orden de detención fue emitida luego que el gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció durante una rueda de prensa emitida junto al Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, que denunciaría a Portillo ante el Ministerio Público por “perturbar la tranquilidad de los zulianos”. Además, durante su intervención en la rueda de prensa, Prieto sentenció: “Vamos a poner orden en el Zulia, no tengan duda”.
Posteriormente, el 5 de mayo, el presidente Nicolás Maduro, durante la visita que hizo en Cabimas como parte de su campaña electoral, aseguró que las fallas eléctricas en el estado Zulia son causadas por los antiguos dirigentes de Enelven y ordenó su detención. “He venido hablando con el gobernador, tenemos identificados a una élite que estuvo al frente de Enelven y he ordenado que los busquen, les pongan los ganchos y vayan presos los que dirigen la guerra eléctrica, sin contemplaciones”.
Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, aseguró que la explosión de la subestación eléctrica en Cabimas, estado Zulia, ocurrida la mañana del martes 9 de mayo fue obra de un presunto “sabotaje” por parte de dos personas, una de las cuales fue empleado de la Corporación Eléctrica Nacional. El ministro manifestó que los actos de “sabotaje” se intensifican a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reitera que manifestar de forma pacífica y expresarse libremente “son derechos humanos que deben ser respetados por el Estado venezolano” e instan a las fuerzas de seguridad del Estado a cesar la persecución y la represión contra quienes se pronuncian en relación con la crisis eléctrica en el Zulia.
Los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 53, 62 y 68 de la Constitución venezolana así lo establecen, como forma de respaldar la movilización de los ciudadanos para manifestar su inconformidad de forma pacífica y sin previo aviso. Asimismo, el Estado debe emprender las acciones necesarias para garantizar a los zulianos un servicio eléctrico de calidad.
La organización resalta que el ministro de Energía Eléctrica había dicho a principios de abril que la crisis de energía eléctrica se resolvería en 10 días, anunciando el cese del plan de racionamiento. No obstante, en la actualidad las fallas de servicio eléctrico se han acentuado afectando a miles de familias.
La funcionalidad y eficiencia de los servicios públicos es indispensable para el acceso a derechos como la salud, la educación, la alimentación, entre otros. Las soluciones a la crisis del sistema eléctrico deben ser inmediatas y duraderas en el tiempo, a fin de que los padecimientos de la población a causa de este problema terminen de una vez por todas.
DC / La Verdad