Un tribunal de El Cairo dictó este sábado 75 penas de muerte contra militantes islamistas, entre los que había dirigentes de los Hermanos Musulmanes, lo que representa el mayor número de penas capitales pronunciadas en un solo juicio.
Como exige la legislación egipcia, los magistrados consultaron al gran muftí de Egipto sobre estas penas relacionadas con una manifestación violenta en 2013.
Una vez se pronuncie el muftí, los condenados podrán apelar.
Tras el golpe militar del 3 de julio de 2013 contra el presidente egipcio Mohamed Mursi, el primero elegido democráticamente en Egipto, el país vivió varios meses de confrontaciones violentas, en los que las fuerzas de seguridad reprimieron a los partidarios del islamista Mursi.
El 14 de agosto de 2013, soldados y policías mataron a 700 manifestantes favorables al presidente destituido durante la evacuación de la plaza de Rabaa al Aldawiya y otra plaza en el centro de la capital.
Altos dirigentes de los Hermanos Musulmanes, como Mohamed al Beltaji, Isam al Aryan y Safwat Hijazi, figuran entre los condenados a muerte el sábado, de los cuales 31 fueron juzgados en ausencia.
El tribunal del Cairo pronunciará el veredicto del resto de los acusados de este megajuicio —son juzgadas un total de 713 personas—, después de que el muftí dé su opinión el 8 de septiembre.
Los 75 islamistas condenados a muerte, cuya sentencia está pendiente de la opinión del muftí, fueron declarados culpables por el delito de «alzamiento violento que alteró el orden y la seguridad».
El fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, conocido como Shawkan, forma parte de la lista de imputados en este juicio. Pero el tribunal aplazó el veredicto. Numerosas oenegés exigen su liberación.
Tras la destitución de Mursi, el general Abdel Fatah al Sisi, que impulsó el golpe, fue elegido presidente en mayo de 2014.
Numerosas oenegés internacionales critican el carácter represivo del régimen de Al Sisi y le acusan de utilizar la justicia para reprimir a la oposición política. Centenares de islamistas, incluido Mursi, fueron condenados a muerte en megajuicios expeditivos denunciados por la ONU.
DC / AFP