«Vivimos apretados como sardinas mientras que los granjeros blancos viven en hectáreas de tierra. ¡Devuélvannos nuestra tierra!», exige Nthabiseng Tshivhenga. Una lluvia de aplausos llena la abarrotada sala de banquetes de la ciudad sudafricana de Vereeniging.
En un ambiente tenso, unos 1.000 habitantes de Vereeniging, al sur de Johannesburgo, debaten sobre la polémica reforma agraria del gobierno sudafricano, a la que se refirió esta semana el presidente estadounidense Donald Trump.
Abundan los negros. Granjeros blancos hay pocos. Todos se pasan el micrófono para hablar.
«Los colonos brutales robaron la dignidad a nuestros abuelos», añade la funcionaria Nthabiseng Tshivhenga. «La mayoría de la población es negra y seguimos siendo los más pobres. ¡Sí a las expropiaciones sin compensación!», lanza.
«Todos nosotros hemos pagado nuestras tierras. No las hemos robado», replica el granjero blanco John Knott.
Desde la llegada de la democracia hace 25 años, el tema de la propiedad es omnipresente, sobre todo desde que el nuevo presidente, Cyril Ramaphosa, anunció una nueva reforma agraria.
Es -dice- para «reparar la injusticia histórica grave» cometida con la mayoría negra durante el periodo colonial y el régimen racista del apartheid.
Actualmente la minoría blanca (8% de la población) «posee el 72% de las granjas», contra «solo 4%» para los negros (80% de los habitantes), añadió. Para corregirlo quiere modificar la Constitución con el objetivo de autorizar algunas expropiaciones sin indemnización.
– ‘Guerra civil’ –
El asunto divide en la «nación arco iris» soñada por Nelson Mandela. Muchos negros aplauden el proyecto. Los blancos están preocupados.
La controversia adquirió una dimensión internacional esta semana por un tuit en el que Donald Trump se refiere a las «expropiaciones» y los «asesinatos a gran escala de granjeros».
«Falso», contestaron enfadadas las autoridades de Pretoria, que acusan al presidente estadounidense de atizar las tensiones raciales.
Su tuit pone el dedo en la llaga de las heridas raciales que agitan a la sociedad sudafricana. Los debates públicos organizados por el gobierno sobre su proyecto de reforma agraria, como en Vereeniging, lo han confirmado.
«¿Por qué indemnizar a la gente que no ha comprado las tierras legalmente?», se pregunta, micrófono en mano, Tsabeng Ramalope, una enfermera negra de 30 años. «¿Estamos esperando a que estalle una guerra civil para resolver el problema?»
«La experiencia zimbabuense nos ha enseñado que expropiar sin compensación es catastrófico», advierte Carley Denny, una blanca de 37 años. Su padre dirige una granja de 100 hectáreas que lleva en manos de la familia desde hace cinco generaciones.
Al comienzo de los años 2000, el presidente zimbabuense Robert Mugabe ordenó expropiar sus tierras a miles de granjeros blancos de su país, lo que precipitó el desplome económico.
– ‘Bomba de relojería’ –
A su llegada al poder en 1994, el Congreso Nacional Africano (ANC) prometió redistribuir las tierras. En vano. Sólo una ínfima parte de ellas han cambiado de propietario.
«Es un fracaso estrepitoso debido a la corrupción y a la falta de voluntad política», acusa Edward von Bodenstein, un blanco opuesto al proyecto presidencial.
En un informe reciente, el exjefe del Estado Kgalema Motlanthe, miembro del ANC, también expresó su preocupación por los pocos progresos conseguidos en la redistribución de las tierras.
«Estamos sentados sobre una bomba de relojería», advierte Khetisa Khabo, responsable en Vereeniging del partido de izquierda radical de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF). «No estamos pidiendo un genocidio de blancos. Pero la tierra nos pertenece. Haremos cuanto sea necesario para recuperarla», promete. Su partido considera la reforma agraria una prioridad.
Para Constance Mogale, de la Alianza por la Democracia Rural, una red de asociaciones que defiende las expropiaciones sin compensación, el debate «no es más que un subterfugio electoral» antes de las legislativas previstas para 2019.
La Constitución permite expropiar sin indemnización, afirma, retomando la opinión de varios expertos. «El problema es que no se respetan» las leyes, «enmendar llevará una eternidad, no dará tierras a la gente».
Con o sin reforma constitucional, Roselyn Seaga, de 67 años, lo tiene claro: la redistribución de las tierras es una necesidad.
Otros muchos negros asienten. «Desde que nací», resume llorando, «nunca tuve una parcela a la que poder llamar mi casa».
DC / AFP