Organizaciones de los DDHH preocupados por la crisis eléctrica en el Zulia

“Todo esto ocurre, además, en medio de serias fallas en la prestación de todos los servicios necesarios para un nivel de vida adecuado, haciéndonos sentir a los ciudadanos que hemos sido abandonados a nuestra suerte”, indicó en un comunicado la Comisión de Derechos Humanos del Zulia.

A pesar de los anuncios gubernamentales de mejoras y reparaciones en la infraestructura eléctrica, los apagones en los poblados del Zulia ya no son eventos aislados, los cortes de suministro son cada vez más frecuentes y por mayor cantidad de horas, y las fluctuaciones de voltaje hacen parte de la cotidianidad de los zulianos, que no solo han sufrido pérdidas materiales, sino también humanos “lo que denota la gravedad de la crisis” como consecuencia directa de la “deficiente” prestación del servicio eléctrico, a cargo exclusivo de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), continua indicando el texto de la referida comisión.

“La información oficial, poco transparente, repetitiva de lugares comunes y razones que suenan a excusas para la mayoría de los zulianos, se limita a exculpar de la crisis al Estado y señalar a terceros, sin que se dé cuenta de soluciones o, al menos, de medidas de salvaguarda o previsión en caso de eventos como la explosión en la subestación Las Tarabas y la avería en la línea 2, El Tablazo-Cuatricentenario”, ocurridos durante esta última semana.

En el comunicado se precisa que la energía eléctrica es un bien público, no un simple servicio, cuyo acceso y uso debe ser considerado un derecho humano que es indispensable satisfacer para asegurar una vida digna.

Recuerda igualmente que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano, prevé en el artículo 11 “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Por ello, el Estado debe tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

DC / El Universal