La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), que controla la oposición, apostó hoy por pedir a los países del mundo que ejerzan una mayor presión sobre el Gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro, al que calificaron como “régimen dictatorial”.
El Parlamento acordó en una sesión ordinaria solicitar al mundo que respalde la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la Administración de Maduro, que inició en 2013.
Los legisladores acordaron “llevar adelante esfuerzos (…) para que países se adhieran a la solicitud para que la fiscal de la CPI agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, según una declaración leída este martes en el Parlamento y aprobada por unanimidad.
El Legislativo -declarado en desacato por el Supremo, por lo que sus actos no son tomados en cuenta por el Ejecutivo- espera que la fiscal de la CPI “proceda luego a solicitar la investigación formal correspondiente como un acto colectivo de defensa de los derechos humanos a sabiendas de la grave crisis humanitaria” en el país.
En el debate parlamentario de este martes, en el que como de costumbre se ausentaron los diputados del oficialismo, se acordó “respaldar las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”.
De acuerdo con el Parlamento, “muchísimos venezolanos han sido y continúan siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por el régimen dictatorial que usurpa hoy el poder”, en alusión al Gobierno de Maduro.
Por ello, los diputados se comprometieron a “continuar remitiendo de manera oficial” a la CPI “toda la documentación y elementos de convicción que puedan servir de sustento a las investigaciones que adelanta la fiscal de esta institución por crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
La declaración será remitida al comité derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), así como a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a las “embajadas de los países que han respaldado las investigaciones”.
DC – EFE