“El Ejecutivo intimidó a empleados públicos para que votaran el 9-D”

El terrorismo laboral del gobierno para que los trabajadores participaran en las elecciones de concejales del domingo se centró en la intimidación a través de “acciones ejemplarizantes” hacia la dirigencia obrera, como la detención de Rubén González, secretario general del sindicato de la Ferrominera del Orinoco, y de otros integrantes de esa organización obrera, aseguraron fuentes sindicales.

“Los organismos aplicaron un guante de seda con el pago adelantado de los retroactivos y el suministro de bolsas de comida, y otro de hierro mediante el mensaje de que si no votas o protestas puede ocurrirte lo de los sindicalistas de Guayana”, refirió una de las fuentes que pidió no mencionar su nombre porque ha sido amenazada.

Destacó que previo al 9 de diciembre, el Ministerio de Finanzas bajó los recursos para cancelar los retroactivos anunciados por el presidente Nicolás Maduro con el incremento del salario mínimo de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos mensuales.

“El gobierno jugó la carta de comprar conciencias, pero no le resultó porque ese dinero no soluciona el alto costo de la vida”. Denunció que el pago de los 4 meses fue incompleto porque excluyó primas que se cancelaban antes de la reconversión monetaria del 20 de agosto. Si eso se hubiera respetado, un funcionario del primer nivel de la tabla debió cobrar 44.000 bolívares soberanos por los 4 meses de aguinaldos, y no 12.000 bolívares.

“Pese a las presiones, blandas o duras, los empleados públicos decidieron junto con la mayoría de los venezolanos no avalar el fraude y declarar, en cambio, una huelga cívica-electoral”, sostuvo Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela,

Más de 90% de los trabajadores petroleros no votó y hasta la fecha no ha habido sanciones de los directores, jefes y supervisores. Agregó que lejos de acabar con las protestas para reclamar el respeto de los contratos colectivos y las tablas salariales, la persecución contra la dirigencia sindical reafirma la posición de lucha de los trabajadores.

El jueves 13 de diciembre la unidad gremial e intersindical levará a cabo una protesta nacional en defensa de los tabuladores salariales estipulados en las cláusulas de los contratos colectivos de  los sectores público y privado.

“Esta vez no hubo amenazas de despido y demás sanciones. A los trabajadores los jefes y directores no les dijeron que fueran a votar, pero eso no es un descuido del gobierno sino que está preparando otras acciones a futuro para cercenar los derechos laborales y democráticos”, advirtió Mariela León, directiva de la central obrera Alianza Sindical Independiente.

Llamó a los trabajadores a “estar pendientes, pues el oficialismo tiene guardada en la manga una reforma constitucional de la cual nadie sabe qué es, pero amenaza los sindicatos, los contratos colectivos y los salarios, entre otros derechos”.

León insistió en que a los empleados públicos “los mata un instructivo fantasma que aplanó las escalas de sueldos y desmejoró o eliminó primas y bonos, además de la hiperinflación que barrió el poder adquisitivo de los venezolanos”.

La dirigente señaló que la alta abstención en los comicios municipales del domingo fue “un claro mensaje de la mayoría de los venezolanos que exige que en Venezuela haya una democracia de verdad y rechaza la falta de transparencia en procesos electorales amañados cuyos resultados siempre favorecen al oficialismo”.

El Nacional