El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro de Colombia) ordenó que un integrante del partido de izquierda FARC ocupe de manera temporal el escaño en el Congreso del exjefe guerrillero Jesús Santrich mientras se resuelve su pérdida de investidura, luego de que fuera pedido en extradición por Estados Unidos.
«Ordénase a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes [diputados] que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de esta providencia llame al señor Benedicto de Jesús González Montenegro (…) a ocupar de manera transitoria la curul que ocupa el señor Seuxis Paucias Hernández [conocido como ‘Jesús Santrich’]», indicó el fallo del tribunal.
González Montenegro es el segundo en la lista del partido FARC en el Atlántico (norte), por lo que puede representar a ese departamento en la Cámara ante la ausencia de Santrich.
El tribunal resolvió una tutela interpuesta por unos de los líderes de FARC, Pablo Catatumbo, quien aseguró que debido a que Santrich está detenido, su partido político no ha podido llenar los cinco escaños que le pertenecen como parte del Acuerdo de Paz, lo que vulnera sus derechos políticos.
La decisión del tribunal también indica que no se puede decretar la figura de «la silla vacía» en el caso de Santrich, ya que él no ha renunciado a su curul y tampoco ha sido condenado, por lo que su escaño sigue vigente así él no se haya podido posesionar por estar detenido.
Santrich no asistió al acto de posesión como diputado que se llevó a cabo el pasado 20 de julio porque se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, y aunque pidió autorización para asumir su escaño, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se la negó tras argumentar que no podía movilizarse por fuera de la prisión por razones de seguridad.
El exguerrillero obtuvo el escaño en la Cámara como parte del Acuerdo de Paz que la FARC firmó con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en noviembre de 2016 y que le asignó cinco curules en el Senado y cinco más en la Cámara a ese partido por tres periodos legislativos consecutivos, es decir, por doce años.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de este año en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, ‘Santrich’ no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para «evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado».
En consecuencia, la extradición de Santrich se encuentra congelada por ahora, mientras que la FARC sostiene que dicho proceso es un montaje entre el Fiscal General de Colombia y el Gobierno de EEUU para afectar el Acuerdo de Paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.
El exguerrillero deberá comparecer el próximo 21 de enero ante el Consejo de Estado para determinar su pérdida de investidura.
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