Cerrado el capítulo de las elecciones de concejales, nuevos e inmediatos procesos están pendientes en la agenda política nacional, entre ellos la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), la intención del diálogo expresada por el Gobierno nacional y por un sector de la oposición, y la prevista asunción como presidente de la república para un nuevo período por parte de Nicolás Maduro.
Sin embargo, para actores del sector de la oposición que participaron en las recientes elecciones, el ejercicio del voto y del entendimiento a través de los caminos que establece la Constitución de la República sigue siendo la clave para el logro de la «reinstitucionalización» del país a la que aspiran.
Tal es el caso de Avanzada Progresista, organización que junto con Copei, MAS y Cambiemos, y pese a la gran diferencia de votos obtenidos contra el PSUV, sigue aferrada a su propuesta política, según señaló el secretario general de AP, Luis Augusto Romero, en entrevista con El Universal.
«Mientras más tarde regresemos a la senda electoral, más largo será el camino para la reconstrucción de la democracia Venezuela», expresó Romero, para asegurar seguidamente que «la solución de la crisis del país va a tener que transitar el camino electoral».
Para Romero, la relegitimación de los poderes, y la reinstitucionalización del país, «necesariamente va a tener que ser consultada al pueblo».
«Aún más, estamos a la expectativa de una posible reforma constitucional. Se dice que la Asamblea Nacional Constituyente va a presentar una modificación de la Constitución, aunque otros sectores lo niegan; pero, en todo caso, la oposición democrática tiene que estar preparada para salir adelante para defender con votos la Constitución de 1999, cuando corresponda pronunciarse en un referendo consultivo sobre esta materia que, supuestamente, se está cocinando a espalda de pueblo en la ANC», agregó el dirigente de AP.
Insistió en que es esta otra razón por la cual hay que preservar el ejercicio del voto como herramienta de lucha.
«El voto más que la expresión ciudadana, es un acto de rebeldía; y en las situaciones de gobiernos autoritarios hay que votar con mayor fuerza, con más convicción. Porque nada perjudica más a un gobierno que tener más de 90% de rechazo, y no hay trampa que pueda cuando el voto es masivo», argumentó, y señaló como ejemplo de su afirmación lo ocurrido en las elecciones del pasado octubre de este año, en los estados que fueron elegidos gobernadores de oposición.
Nueva directiva de la AN
Sobre la posición de Alianza Progresista en relación con la designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional prevista para el venidero 5 de enero, en la cual, según el acuerdo vigente entre las organizaciones que hacen vida en ella, le correspondería presidirla al parlamentario que designe la fracción de Voluntad Popular, Romero opina que ese día más que las personas que se vayan a postular para las posiciones directivas de la AN, le interesa a su partido saber «cuál va a ser la política que ellos van a representar y qué van a expresar al Poder Legislativo».
Romero confía en que existe ambiente para lograr lo que su partido aspira, y especialmente que «existe madurez para que los factores de la oposición democrática que componen la actual Asamblea, puedan definir con claridad el rol que deberá asumir el Poder Legislativo frente a la coyuntura por venir, y sobre esa base construir los acuerdos y, por supuesto, tomando en consideración también las credenciales de los parlamentarios que se proponen»
Para el secretario general de AP, dos son los escenarios que pudieran presentársele a la AN en este nuevo período de sesiones: «convertirse en prisionera de una nueva aventura radical o, por el contrario, convertirse en la bisagra de un proceso de transición cívico y electoral, y eso va a depender de la nueva directiva».
Nosotros estamos con la segunda opción: no acompañamos aventuras, salidas de fuerza, ni golpes de Estado ni nada que no esté en la Constitución. Y cuando algunos voceros de la política hablan de junta de gobierno a partir del 10 de enero, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está eso en la Constitución que decimos que vamos a defender? Por lo que estimamos que si terminamos nosotros mismos burlando nuestra propia Constitución, ¿cómo es que vamos a acusar al Gobierno de ser anticonstitucional?», dijo.
Indicó finalmente, en relación con este aspecto, que el deber de la AN debe ser ante todo defender lo que establece la Constitución del 99 y propiciar el escenario para que pueda darse un proceso de negociación acompañado por la comunidad internacional, «que obligue al Gobierno a sentarse y a construir un escenario de transición para el país, pacífico, cívico, que tiene que pasar por el desiderátum electoral».
El Universal