Urge la renovación. Por Antonio Urdaneta (@UrdanetaAguirre)
La Asamblea Nacional es el único poder público que en Venezuela conserva su legitimidad de origen y de desempeño. Sin embargo, desde antes de su instalación el 5 de enero de 2016, ya sus competencias y su autonomía habían sido usurpados por los otros poderes nacionales. El Poder Ejecutivo, ante la posibilidad cierta de que el nuevo Parlamento ejercería el control pertinente sobre la conducción del gobierno, ordenó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), secuestrado por aquél, para que inhabilitara al ente legislativo. ¡El temor a la vigilancia parlamentaria le aterraba a las cúpulas y mafias corruptas y corruptoras de una tal “revolución bolivariana”!
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), supuesto poder autónomo, acató –dócil y cómplice– írritas e inconstitucionales decisiones del ya implicado TSJ. Permitió que a cuatro Diputados proclamados, beneficiarios por lo tanto de inmunidad parlamentaria, se les despojara de sus fueros constitucionales: nunca se les hizo el correspondiente antejuicio de méritos. Posterior a la comisión de tan graves delitos y ante la repetición de otros similares, la Fiscal General de la República se pronunció para condenar, sin ambigüedades de por medio, que el TSJ había roto el orden constitucional. La denuncia del Ministerio Público fue respondida con sendas descalificaciones por parte de los otros poderes, con excepción de la Asamblea Nacional.
Dicho esto queda claro, cualquiera sea el criterio que hayan tenido –o tengan aún– los doctores en “derecho inconstitucional”, por cierto bien tarifados por el segundo gobierno usurpador instalado el 10 de enero de 2013, que hoy el único Poder Público constitucional que sobrevive en Venezuela es la Asamblea Nacional. Por consiguiente, es urgente que esta honorable instancia legislativa nacional, acelere racionalmente todos los procesos administrativos pertinentes y designe al resto de Magistrados del TSJ, a los Rectores del CNE y las vacantes del Consejo Moral Republicano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo), puesto que sus actuales integrantes, todos están usurpando las funciones que son competencia de dicho importante poder público.
Es obvio que en Venezuela hemos iniciado un proceso de transición. El Parlamento ha dado los primeros pasos y esto es plausible; pero hace falta moverse con más rapidez, de modo que tan pronto se den las condiciones que aconsejen la razón y la sensatez, ya se cuente con los nuevos integrantes de los poderes públicos, cuyos titulares de facto están usurpando competencias a las que ellos mismos renunciaron, al colocarse al margen de nuestras Carta Magna.
Nada importa que quienes sean designados para ejercer dichas funciones permanezcan fuera del país. Lo importante es ganar tiempo, porque en cuanto respecta a la histórica decisión tomada por la Asamblea Nacional y el reto asumido por el Diputado Juan Guaidó, los avances continuos lucen imprescindibles; mientras que una espera inactiva, es indudable que favorece a los usurpadores. ¡Urge la renovación que el pueblo pide clamorosamente todos los días!
Antonio Urdaneta Aguirre / Educador – Escritor / urdaneta.antonio@gmail.com
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