A través de una rueda de prensa este lunes Fedecámaras Zulia se declaró en emergencia debido a la paralización de más del 75 por ciento del sector productivo zuliano a causa de los diferentes cortes eléctricos que vivió la región desde el pasado 7 de marzo.
Ricardo Acosta, vicepresidente de Fedecámaras Zulia, detalló que según estimaciones de la organización ocho mil empleos son afectados y otros dos mil ya se perdieron a causa de los apagones.
Acosta comentó que de seguir la situación como está, la industria venezolana sobre todo la de nuestro estado, no podrá operar y causará un aumento en la ola migratoria que ya vivimos. “Bajarán los niveles de abastecimiento al límite mínimo y el desempleo, estará en un máximo inaceptable”.
Según un estudio encomendado por Fedecámaras, al menos un millón y medio de trabajadores zulianos se fueron del país. Todos son mano de mano de obra calificada. Otras estimaciones aseguran que cerca de 200 mil millones de bolívares se dejaron de invertir en la nación porque un grupo de empresarios criollos decidió marcharse por la situación que atraviesa Venezuela.
“En ningún estado del país el racionamiento ha sido implantado de una manera tan salvaje y brutal como en el nuestro, con más de 12 horas sin electricidad y en algunos municipios, hasta más de 18 horas continuas al día”, detalla un comunicado leído por Acosta.
El gremio empresarial instó al Ejecutivo nacional que se avoque a la emergencia eléctrica para solventar en el corto plazo el problema. “Permita la ayuda humanitaria y la colaboración internacional para restablecer el sistema eléctrico de Venezuela por lo menos, en un mínimo aceptable”.
Y exigió un cronograma de administración de cargas “serio y creíble”, que permita activar el mayor número de empresas de acuerdo a los horarios acordados, así como información real del Sistema Interconectado Nacional y de las centrales termoeléctricas de la región.
Otro requerimiento de la cúpula empresarial zuliana es seguridad bienes como de todas las personas; nada justifica los saqueos y actos vandálicos que ocurrieron en el mes de marzo y principios de abril.
Llamado a todas las autoridades competentes como al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a que estudien la forma de colaborar con el sector privado en la exoneración de todos los impuestos y en el cumplimiento de los deberes formales y así, no terminar el año 2019 dejando un cementerio de empresas.
La Verdad