La Guajira es el municipio más afectado por la crisis de servicios públicos en el Zulia
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó su boletín sobre la situación general en la región durante agosto de 2019, en la que documentan violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y ambientales.
La entidad es el hogar de las comunidades indígenas wayuu, barí, yukpa, añú y japreria, que representan el 61,2% de la población indígena venezolana.
En este estudio realizado con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Codhez observó que la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas es de particular gravedad en el actual contexto de emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela. Por ejemplo, las fallas eléctricas en la Guajira son aún más recurrentes y prolongadas en comparación con el resto del Zulia. Este escenario complica el acceso a otros servicios como el agua potable, las telecomunicaciones, la educación o la salud.
Varios sectores de la Guajira iniciaron el año sin electricidad. Para el 9 de enero, se denunció que algunas zonas llevaban 2 semanas sin servicio, mientras que en otros municipios del Zulia no ocurría esto.
Luego del apagón nacional del 7 de marzo, que sumó unas 105 horas sin servicio eléctrico en múltiples sectores de la región zuliana, en poblaciones como El Cañito, La Punta, Los Filúos, Paraguaipoa y Sinamaica el fluido retornó transcurridas 177 horas. Este retraso en la reconexión persistió durante los meses siguientes.
En abril, Paraguaipoa y Potrerito cumplieron 480 horas sin electricidad. En mayo, se registró una falla en el servicio que se extendió por 96 horas. Dos meses más tarde, vecinos bloquearon el paso en la Troncal del Caribe, para protestar por la ausencia de la energía eléctrica y la precaria señal telefónica.
Otros servicios en emergencia
El agua potable es otro servicio vulnerado en la Guajira. La zona cuenta con apenas cinco camiones cisterna, cuyo monitoreo sanitario es inexistente. Aunado a esto, llenar un tanque de 1.000 litros puede costar hasta 60% del salario mínimo.
En vista de estas complicaciones, y como último recurso para abastecerse, los pobladores almacenan agua de lluvia o la toman de los jagüeyes, algunos contaminados. Sobre este punto, es importante resaltar que el acueducto El Brillante está fuera de servicio, a pesar de reiterados anuncios gubernamentales sobre su puesta en marcha.
Para los habitantes de este municipio indígena, contar con el servicio del gas solo es posible a través del surtido de bombonas. Adquirir estos cilindros de gas es prácticamente imposible, puesto que no llegan a las plantas de distribución. Además, una bombona de 40 kilos, se vende en 40.000 bolívares, suma equivalente a un sueldo mínimo.
Por otro lado, las condiciones de los pueblos añú, barí, yukpa y japreria es quizás peor que la de los wayuu, refiere el boletín. En el caso de los yukpa, la falta de atención gubernamental se evidencia en la casi inexistente prestación de servicios públicos, así como en la pobreza, la desnutrición, la inseguridad por la presencia de grupos irregulares y, en general, la falta de condiciones básicas para un nivel de vida adecuado.
Aparte, en el boletín se advierte la creciente contaminación del Lago de Maracaibo por la falta de mantenimiento en maquinarias y tuberías petroleras, impactando forma más directa la costa oriental, que comprende los municipios Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt.
Codhez considera urgente que el Estado venezolano diseñe y ejecute de inmediato una solución óptima para atender a las poblaciones vulnerables en los territorios indígenas y solventar la situación de los servicios públicos en la región, así como también un plan de acción para enfocar la atención a los problemas ambientales, en especial hacia la ya alertada situación de contaminación del Lago de Maracaibo, advertida en reiteradas oportunidades por grupos ambientalistas zulianos.
El Universal