Un grupo de policías y fiscales ingresó el martes a la casa de un poderoso exalcalde de Lima investigado por presuntamente haber recibido sobornos de las compañías brasileñas Odebrecht y OAS.
Es el capítulo más reciente de la ofensiva en Perú de un grupo especial de la fiscalía y la policía que, tras las confesiones de los gerentes de las constructoras, han logrado golpear a una élite política intocable en el pasado para la justicia.
La fiscal Milagros Salazar dirigió la operación en la residencia de Luis Castañeda, un populista de derecha que fue el único que gobernó la capital por una década en tres periodos entre 2003 y 2018. Odebrecht y OAS han afirmado a los fiscales anticorrupción que entregaron más de medio millón de dólares para las campañas políticas de Castañeda a través de un exfuncionario cercano al exalcalde quien, ante la posibilidad de ir a prisión, decidió delatarlo.
No es el único alcalde de la plaza electoral más importante de Perú que está en problemas. Susana Villarán, alcaldesa izquierdista de la capital entre 2011 y 2014, está en prisión preventiva por 18 meses desde mayo mientras es investigada por lavado de activos por presuntamente recibir alrededor de 10 millones de dólares también de OAS y Odebrecht.
En julio la justicia prohibió salir del país por 18 meses a Castañeda. El exalcalde, de 74 años y apodado “el mudo” por su tendencia a evitar declarar ante la prensa, no ha emitido ningún comentario sobre la decisión judicial.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía peruana, OAS fue, después de Odebrecht, la segunda empresa con mayores operaciones de construcción en Perú.
Las consecuencias sobre las investigaciones por corrupción que desplegó a manos llenas Odebrecht y OAS han provocado la cárcel, prisión temporal y hasta el suicidio de un expresidente peruano.
Decenas de exfuncionarios de menor nivel están bajo investigación y otros en la cárcel. En 2016 Odebrecht admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica, poco después lo hizo OAS.
AP