Activistas en Colombia esperan canalizar ola de descontento

Los colombianos molestos con el presidente conservador Iván Duque esperan canalizar la ola de descontento que recorre Latinoamérica cuando salgan a la calle el jueves con una larga lasta de reclamos que incluye desde la persistente desigualdad económica a la violencia contra activistas sociales.

Se espera que sindicatos, grupos de estudiantes y ciudadanos de a pie se unan en lo que podría ser una de las mayores movilizaciones de los últimos años en el país, poniendo a prueba a un gobierno impopular en un momento en que la inestabilidad sacude la región.

Pero los analistas son escépticos con que la protesta pueda generar una agitación prolongada como ocurrió recientemente en Bolivia, Chile y Ecuador, destacando la falta de factores que unifiquen a un país dividido y con uno de los rendimientos económicos más sólidos de la zona.

“No estamos en un clima preinsurreccional”, dijo Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario de Bogotá. “No sé si haya realmente un rechazo del sistema político en general”.

Sin embargo, el gobierno de Duque está alerta y desplegó 170.000 agentes para reforzar la seguridad al tiempo que cerró los pasos fronterizos y deportó a 24 venezolanos acusados de ingresar al país para fomentar la agitación.

“Se está preparando como si esto fuera una guerra”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Es muy vago lo que han mostrado de una posible alteración de orden público”.

Duque, que tiene un discreto índice de aprobación del 26%, se ha embarcado en una ofensiva de seducción para intentar conectar con la población y contrarrestar las afirmaciones erróneas en redes sociales que apuntan que propuso elevar la edad de jubilación y reducir los salarios a los trabajadores jóvenes.

“Yo no vengo a hablar de jardín de rosas”, manifestó en una entrevista en una emisora de radio. “Estoy hablando de un país que está en recuperación, una economía que está mejorando, que se desempeña hoy en las mejores de Latinoamérica”.

Aun así, muchos colombianos dicen que tienen muchas razones para estar enojados.

A pesar del acuerdo de paz alcanzado por el anterior gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, gran parte del país sigue sumido en la violencia mientras grupos ilegales armados compiten por territorios en los que el estado no ha establecido aún su presencia. Docenas de indígenas y líderes sociales fueron asesinados en crímenes que siguen sin resolver. El ejecutivo de Duque ha hecho una pequeña mella en la reducción de los cultivos de coca, pero los campos con la planta que se emplea para elaborar la cocaína siguen cubriendo amplias zonas.

Mientras tanto, el gobierno de Duque ha sufrido una serie de embarazosos reveses.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció a principios de noviembre tras las revelaciones de que al menos ocho menores murieron en un ataque contra una pequeña banda de disidentes. El aliado clave de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, está siendo investigado por presunta manipulación de testigos. Y el propio Duque fue criticado por mostrar unas fotografías en la Asamblea General de Naciones Unidas que, según dijo, eran la prueba de que el gobierno socialista de la vecina Venezuela da refugio a rebeldes izquierdistas colombianos, aunque después se supo que al menos una de esas imágenes había sido tomada en su país.

Aunque la economía colombiana creció a un ritmo más rápido este año, la nación sigue teniendo uno de los niveles de desigualdad más altos de Sudamérica. Casi el 11% de la población está desempleada, un dato que sube al 17,5% en adultos jóvenes.

“El país está en una profunda crisis”, apuntó Daniel Sánchez, un estudiante de arquitectura que tiene previsto manifestarse el jueves. “El gobierno no escucha a la gente”.

Al contrario que en otras protestas recientes, no hay un evento cristalizador que haya provocado la movilización, sino que existen una serie de quejas que varían ampliamente en función de a quien se pregunte.

Las declaraciones de ministros sobre posibles reformas financieras generaron preocupación entre los sindicalistas por las pensiones y la ley laboral, aunque el gobierno de Duque insiste en que esas propuestas no existen.

Los grupos de estudiantes acusan al ejecutivo de incumplir parcialmente un acuerdo para mejorar la financiación de la economía alcanzado tras una ola de protestas el año pasado. Duque incrementó el presupuesto educativo a lo que dijo que es su mayor nivel en la historia de Colombia, pero los activistas estudiantiles señalan que siguen faltando fondos para la ciencia.

Los manifestantes evaluarán a lo largo del jueves qué acciones podrían tomar en los próximos días para mantener el movimiento vivo, explicó el líder estudiantil José Cárdenas.

“Lo que pasa en Chile es un mensaje contundente”, señaló.

Los analistas dudan que las protestas en Colombia se acerquen a las masivas movilizaciones de Chile y otros países de la región, apuntando a una serie de diferencias clave, incluso aunque existan paralelismos en factores económicos subyacentes como la profunda desigualdad y el aumento del costo de la vida.

Por un lado, los votantes rechazaron ampliamente al partido gobernante en las recientes elecciones municipales, lo que sugiere que muchos siguen viendo una opción de cambio en los partidos de la oposición, dijo Basset.

“Esto habla más bien de un sistema que tiene alternativas”, apuntó. “Es bastante distinto”.

Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, señaló que la respuesta de las autoridades a las protestas tendrá mucha importancia.

“No es inapropiado dar una respuesta de seguridad a las amenazas de seguridad”, dijo. “El desafío real será asegurarse de que esté dirigida correctamente y que se mantiene dentro de los límites apropiados”.

AP