Las protestas en Chile, las más graves desde el retorno de la democracia en 1990, han dejado 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, saqueos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y 2.800 heridos, entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones a la cara.
La Policía anunció la semana pasada la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones tras tener dudas sobre la composición real de las municiones y luego de que la Universidad de Chile asegurase que los proyectiles no son solo de goma sino que también contienen plomo, lo que explicaría el alto número de heridos.
Uno de los hechos lamentables ocurrió este martes 25 de noviembre luego de que un joven perdiera la visión a causa de perdigones, reseñó AFP.
El Gobierno chileno dio este martes una semana a la Policía para que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, horas después de que Human Rights Watch (HRW) acusase al cuerpo de un uso excesivo de la fuerza y de abusos contra detenidos.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que se encargó a la dirección de Carabineros (nombre de la Policía chilena) “revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias” y elaborar un informe en el plazo de una semana.
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