Denuncian amenazas de invasión a terrenos del internado de Fe y Alegría en Mérida
El padre Gerardo Rosales, rector del internado San Javier del Valle de Fe y Alegría en Mérida, denunció el pasado domingo que presuntamente un grupo de personas tendría la intención de invadir los terrenos de la escuela.
Rosales hizo un llamado a las autoridades del municipio Libertador de Mérida a estar atentos y prestar el apoyo necesario al internado.
Las instalaciones del internado son propiedad privada y 70% de las tierras de la propiedad forman parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial de El Valle. Es decir, se trata de un área protegida y está destinada a cumplir funciones productoras, protectoras y recreativas.
«Que San Javier esté entre las comunidades de El Valle, del Páramo Los Conejos y La Culata ha permitido una verdadera protección de los nacientes de agua», explicó el sacerdote.
También agregó que la invasión de las tierras del internado no sólo sería un crimen nacional, sino que entraría en categorías internacionales. Recordó que la institución actualmente recibe apoyo del Consejo Noruego, Unicef y SJR.
«Todos los vecinos y las organizaciones que nos acompañan son testigos del esfuerzo que hemos hecho en dos años para levantar la finca. Las vacas, los conejos, la siembra, el cuidado de los bosques de pino, cinaro y fresno. Todo es casi exclusivo para la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes y para el mismo sostenimiento de la finca», destacó Rosales en un comunicado.
Espacio de recreación
Pese a ser una propiedad privada, el internado abre sus espacios de forma gratuita los fines de semana para toda la comunidad de El Valle.
«Violentar el internado San Javier con una invasión es un crimen contra los 420 niños, niñas y adolescentes que de lunes a viernes viven aquí. Es un delito contra la propiedad privada, es un crimen ecológico contra el Abrae del Valle. Es acabar con el lugar de descanso de fines de semana de cientos de familias merideñas».
El clérigo aseguró que durante esta semana se movilizarán a las instancias del Estado en la entidad merideña para formular la debida denuncia.
El Nacional