El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, en su ya acostumbra rueda de prensa de los días viernes, expuso este 14 de febrero, una nueva trama de robo en una empresa de construcción del Estado y dos casos donde fiscales del Ministerio Público (MP) resultaron involucrados en hechos de corrupción.
Saaab informó sobre la sustracción de bobinas de acero galvanizado por un valor de 6 millones 390 mil dólares, propiedad de la empresa Plantas Móviles de Venezuela, adscrita al Ministerio de Hábitat y Vivienda, las cuales estaban almacenadas en los patios de la industria Chino-Venezolana de taladros, ubicados en Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui.
Señaló, que el 7 de octubre de 2019 fue retenida en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), una gandola que transportaba parte del material sustraído.
“Quienes lo trasladaban mostraron unas guías firmadas por el ciudadano Fernando Ferreira, las cuales carecían del sello húmedo de la empresa, en consecuencia se produjo la retención del vehículo“, precisó el funcionario del régimen.
Del mismo modo, el Saab presentó el caso del fiscal superior contra la corrupción, Diego Alejandro Flores del estado Falcón, que se encuentra privado de libertad por estafa.
“El entonces fiscal superior junto al fiscal 14º para la fecha, Carlos Chirinos, se comunicaron con Kharim Jusef y le indicaron que para imputarle un delito menos grave debía pagar 35 mil dólares y dar a cambio un camión de los que habían colectado (…) finalmente Jusef pagó 20 mil dólares, además de entregar una camioneta Toyota Merú valorada en 11 mil dólares (…) 5 mil dólares se le entregaron a Nino Gómez en las afueras de los tribunales, como requisito para iniciar la audiencia donde le imputarían a la víctima un delito menor“, detalló Saab.
El otro caso involucra a la fiscal séptima auxiliar del estado Carabobo, Ibelise Ramos. por omisión de la acción fiscal.
“Ellos (los fiscales) creen que nunca van a ser descubiertos (…) al señalar que Ramos tenía más de 18 expedientes “olvidados” en una gaveta.
Manifestó que 187 funcionarios han sido judicializados de los cuales 57 se encuentran con medidas privativas de libertad.