La escasez de gasolina y la supuesta inflexión por parte de algunos funcionarios de seguridad en las estaciones de servicio mantienen en situación crítica el servicio policial. Venezuela, país en la que figuran las mayores reservas petroleras en el mundo, enfrenta acerados problemas de escasez de gasolina, provocados por un pronunciado deterioro en su sistema de refinación, así como por los gigantescos volúmenes del combustible que son contrabandeados fuera del país.
En la actualidad, el suministro de combustible continúa siendo una gigantesca fuente de corrupción, esta vez por los uniformados que controlan el sistema y ponen en la balanza la seguridad nacional. Cabe destacar que, ante esta corriente desmedida, las fuerzas de seguridad marcan destino causando grandes encuentros o enfrentamientos institucionales a causa del combustible. Las estaciones de servicio corren por cuenta de funcionarios militares, quienes evitan tomar en cuenta vehículos policiales para que estos puedan a bien realizar el respectivo patrullaje preventivo. A sabiendas de que sin patrullas no hay seguridad y sin ellas los policías difícilmente pueden hacer su trabajo.
En base a ello, la ciudadanía ha denunciado en reiteradas oportunidades el descaro con la que los efectivos militares venden a civiles el combustible extrayéndolo de sus unidades en áreas visibles para realizar con éxito una transacción ilegal, donde el producto puede llegar a costar 10 dólares por cada cinco litros. El hecho se estaría produciendo de manera reincidente y sin control como respuesta a la falta de gasolina para surtir vehículos particulares en medio de la cuarentena como medida preventiva del (Covid -19).
Para ello, se hace necesario contar con la posibilidad de una transición política, que nivele el camino hacia la construcción de una gobernabilidad meramente democrática, que logre definir estrategias y mecanismos para el control sobre el sector militar por parte de las autoridades civiles, tanto en el área de defensa como en lo referente a la seguridad ciudadana. De manera que puedan fortalecerse las instancias de prevención y corregir periódicamente las fallas sistémicas que alientan las prácticas irregulares. Ninguna institución policial está exenta del riesgo de la corrupción. Sin embargo, los procesos de reforma policial con un enfoque integral contribuyen a minimizar este riesgo en la medida que exista liderazgo político, una política orientadora, coordinación inter-institucional y compromiso articulado de las propias autoridades del sector de seguridad.
Dra. Desiree Parra / @desireeparraf