Venezuela atraviesa una crisis que no es protagonizada únicamente por la llegada del coronavirus (COVID-19), sino por la escasez de combustible, las fallas eléctricas que duran más de 20 horas, problemas para adquirir medicamentos y la constante devaluación del bolívar. Las respuestas por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia las protestas de los venezolanos es la represión, amenazas y el miedo.
En el país latinoamericano se han registrado una gran cantidad de periodistas detenidos e imputados, otros amenazados y detenidos por horas, equipos de trabajo robados y material borrado de las cámaras o teléfonos celulares. Con información de Infobae.
«He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos. Ya ustedes no verán esos videos, porque están en la cárcel. No lo vamos a permitir. No es tiempo de guarimbas, no es tiempo de payaseos, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía.De esas características hay cinco”, Aseguró Bernal.
Se ha vuelto común ver como funcionarios y políticos envían advertencias para que los ciudadanos no emitan críticas públicas hacia el régimen para evitar que se utilice la ley de incitación al odio para penar dichos comentarios negativos.
Un habitante de San Fernando de Apure exoplicó que una de sus vecinas fue detenida por la difusión de una cadena de Whatsapp en la que se exponía que la estación de servicios Texaco y la bomba de Biruaca el coronel Torrealba permitía llenar el tanque de gasolina de los vehículos sin hacer colas si se pagaba en divisas sumas que iban de 40 a 80 dólares dependiendo de la cantidad de litros; hecho que aseguraron era una realidad en el sector.
Otro que fue detenido por colocar en su estado de Whatsapp una crítica contra un funcionario del gobierno fue el doctor Luis Araya, quien es ginecólogo del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara. Se lo llevaron de su consultorio privado, el 15 de abril, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El gremio médico y, desde muchas redes sociales, la presión fue intensa. Incluso los médicos advirtieron que si no era liberado harían una protesta nacional. Finalmente, el jueves en la tarde le dieron libertad con medida de presentación luego de haber sido imputado por “instigación al odio”.
La Ley contra el Odio hasta ahora se la ha aplicado a quienes se expresen contra el Gobierno o contra quienes protesten contra funcionarios o por malos servicios públicos.
Quienes han amenazado a periodistas y políticos con la Furia Bolivariana no han sido objeto de dicha Ley. Ni siquiera quienes a través del canal de propaganda del Gobierno señalan a determinadas personas que después han sido atacadas verbal o personalmente.
Caraota Digital