Subastan en EEUU gasolina destinada a Venezuela
Desde hace dos meses, el buque petrolero Alkimos, con bandera de Malta, pasa el tiempo flotando frente a la costa de Texas, ajeno a lo que sucede en un tribunal federal de Estados Unidos como consecuencia de las sanciones que Washington impuso a Venezuela.
La disputa, que no había trascendido hasta ahora, tiene todo el drama de una película de piratas: Una carga costosa, maniobras marinas clandestinas y acusaciones de un robo en altamar.
De un lado está Evangelos Marinakis, uno de los empresarios más importantes de Grecia y propietario de su club de fútbol más exitoso, el Olympiakos; del otro, otro magnate de la industria de transportes parítimos de Venezuela, Wilmer Ruperti, un aliado del Gobierno venezolano.
Pelea de navieras
El primer round pareció favorecer a Marinakis, cuya empresa Capital Ship Management Corp., con sede en El Pireo, opera el Alkimos. El miércoles las autoridades estadounidenses ofrecerán en subasta el cargamento del barco en Houston: 100.266 barriles de gasolina de alto octanaje, con un valor aproximado de 5 millones de dólares. La subasta se produce después de que el juez Lynn Hughes ordenase confiscar el cargamento, diciendo que lo más probable es que hubiera ido a parar a Venezuela, mientras continúa un proceso de arbitraje sobre un derecho de retención de 1,7 millones de dólares.
“Esto demuestra claramente que las sanciones funcionan”, afirmó Russ Dallen, quien sigue de cerca el tráfico marítimo como director de Caracas Capital Markets, con sede en Miami. “Si bien pareciera que este propietario hizo las cosas bien, hay muchas cucarachas inescrupulosas en la industria del transporte marítimo dispuestas a hacer negocios con Venezuela”.
Estados Unidos ha estado tratando por meses de frenar los cargamentos de combustible de y hacia Venezuela, en la esperanza de que eso acelere la caída de Nicolás Maduro, al privarlo de los ingresos petrolíferos que son el principal sostén de su gobierno socialista. Pero los más perjudicados han sido los venezolanos, que tienen que esperar días para llenar los tanques de sus vehículos por la escasez de gasolina refinada en el país.
Hasta ahora el gobierno de Donald Trump ha sancionado a más de 50 barcos por violar las sanciones. Este mes agregó cinco capitanes iraníes a la lista de individuos a los que no se les permitirá hacer negocios con Estados Unidos luego de que Maduro apelase a Irán para recibir gasolina, que cada vez la cuesta más conseguir.
La saga del Alkimos, según se desprende de documentos legales revisados por la Associated Press, comenzó inocentemente. A fines de marzo, el barco de fabricación china, que mide 156 metros (480 pies), estaba anclado en Panamá después de ser contratado para entregar gasolina a Aruba.
Pero desde un comienzo algo no cuajó
Las instrucciones decían que el cargamento sería trasladado a otra nave en el mar que había visitado puertos venezolanos exclusivamente el año pasado. Y el pago por la carga fue hecho por terceros, una empresa llamada Ultra Travel, supuestamente basada en Montenegro.
Por otro lado, ES Euroshipping AG, la firma con sede en Suiza que alquiló el Alkimos, era propiedad de Ruperti, un empresario conectado con el gobierno venezolano.
En el 2002 Ruperti alquiló una flota de buques cisterna rusos para ayudar al gobierno de Hugo Chávez a contrarrestar una huelga de meses en Pdvsa, la petrolera estatal venezolana. Ahora salía nuevamente al rescate.
En marzo, otra firma suiza que él controla le cobró a Pdvsa un adelanto de 12 millones de euros con los que planeaba comprar unos 250.000 barriles de la misma gasolina con un octanaje de 95 que llevaba el Alkimos, según una copia de la factura obtenida por la AP. Para burlar las sanciones de Estados Unidos, la empresa abrió una cuenta bancaria en euros y rublos en el Banco Derzhava de Moscú.
El Alkimos es propiedad de la Brujo Finance Company, una firma registrada en las Islas Marshall. Pero es operado por Capital Ship Management, cuyo nombre y logo están pintados en la nave. La empresa opera una flota de 54 buques cisterna.
El presidente de Capital, Marinakis, es propietario del Olympiakos en Grecia y del Nottingham Forest en Inglaterra.
En el 2018, unos fiscales iniciaron una investigación preliminar de su posible papel en el tráfico de drogas después de que se confiscasen 2,1 toneladas de heroína en una de sus naves. Él negó papel alguno en ese contrabando, diciendo que se trataba de un complot del gobierno izquierdista de entonces para silenciarlo. En el pasado también fue acusado de arreglar partidos y exonerado.
Marinakis no respondió a pedidos de comentarios hechos a través de su portal y de Capital.
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