El partido UPP 89, partido político nacional, con tarjeta electoral, legalmente vigente, para participar en las elecciones parlamentarias, envió a esta redacción un “pronunciamiento unitario” que lleva como título “Aliados por Venezuela” donde se dirigen a un sector de la oposición, específicamente a otras siete organizaciones con fines políticos nacionales, igualmente habilitadas para la participación, en el evento electoral del 06 de diciembre de 2020. Ellas son: ACEP, MOVEV, NUVIPA, GENTE, PUENTE, Alianza del LAPIZ y la Fuerza del Cambio. E, igualmente, convocan a un conjunto amplio de organizaciones, con directivas inhabilitadas por el TSJ o sin tarjeta electoral, como es el caso de AD, PJ, VP y COPEI, de UNTC o de Causa R y Vente Venezuela, entre otras, que han manifestado a la fecha, en su gran mayoría, no estar dispuestas a participar.
Llama la atención del documento que excluyen de la convocatoria a las 5 organizaciones políticas que conforman la Mesa de Diálogo Nacional, al igual que a los partidos COPEI, AD, PJ, VP con directivas impuestas por el TSJ, que el coordinador nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada, califica de “ilegítimas”. Al respecto se lee en el documento: “La perfidia del gobierno es evidente: se busca “fracturar” al adversario, arrebatarle su instrumento de lucha democrática, “aniquilarlo” políticamente y empujarlo al exilio. Y seguir apropiándose, más de lo que ya lo han hecho, del país”.
Al ser entrevistado, Quijada expresa lo siguiente: “Desde el mes de febrero del año 2019, ya hace 16 meses, nosotros iniciamos una intensa agenda de reuniones políticas para trabajar la unidad de todos los factores opositores y enfrentar la soberbia, la ineptitud y la hipocresía del gobierno. Su indignante abuso de poder y su constante manipulación e irrespeto hacia el pueblo. Eso nos llevó a reunirnos con la inmensa mayoría de los partidos políticos – casi sin excepciones, yo diría – y con sectores de la sociedad civil. Pudimos evidenciar que había posiciones irreconciliables entre varios de ellos. Buscamos incesantemente los puntos de encuentro, sin descalificar ninguna de las iniciativas en marcha. Llamamos al diálogo, incluso al gobierno, a sabiendas que el gobierno no tenía un interés real en dialogar. Ahora llegó el tiempo de la toma de decisiones. En primer lugar, proponemos reunirnos y discutir la pertinencia de la participación electoral, incluyendo en la discusión a sectores de la sociedad civil y, si fuese decidida la participación, buscar estructurar una alianza robusta con los factores que hemos demostrado independencia y autonomía con relación al gobierno. Respetamos, y nos hemos reunido, con los otros factores que no estamos convocando, pero tenemos inmensas diferencias con ellos. Y no son tiempos para ambigüedades”.
Concluye el Coordinador Nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada: “Creemos firmemente que el país reclama la participación pero de una opción política con real y efectiva oportunidad de derrotar al gobierno, incluso a pesar del ventajismo vulgar que ya es su “marca de fábrica”. Ellos propician el escepticismo y el desaliento, y buscan desmotivar al electorado para triunfar por vía de una elevada abstención. Si ellos quieren que no participemos, hagamos lo inesperado, hagamos lo contrario, hagamos lo que ellos no quieren, participemos. Estamos convencidos que podemos darle una aplastante derrota al gobierno cuando la dignidad ofendida de todo un país se ponga de pie y se manifieste estruendosamente”.
A continuación texto completo:
A todos los venezolanos y venezolanas
Aliados por Venezuela
Pronunciamiento unitario
08 de julio de 2020
Hemos leído con detenimiento el Comunicado Oficial de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, de fecha 14 de junio de 2020, que lleva como título “La dictadura no quiere elecciones”, con el cual coincidimos plenamente y apoyamos solidariamente. Sin duda alguna, en la elección de las nuevas autoridades electorales, el gobierno y el TSJ están violando las competencias establecidas en la CRBV y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, usurpando atribuciones que son propias de la legítima Asamblea Nacional. Se ha pasado por encima del Comité de Postulaciones Electorales y no se ha permitido que la sociedad civil promueva las postulaciones que están previstas en la normativa legal.
No queremos hacer un juicio de valor sobre una Directiva Electoral que apenas empieza su gestión – cada uno de ellos, individualmente, tiene un compromiso con la historia política del país y con su propia responsabilidad personal – pero un hecho no puede pasar desapercibido a la mirada de todos nosotros: ellos fueron seleccionados por el Tribunal Supremo de Justicia, una institución que ha dado demostraciones patentes de no ser autónoma e independiente del Ejecutivo Nacional, y están estableciendo una “normativa especial” que regirá para las elecciones parlamentarias 2020, en función de una sentencia (No. 068, del 05 de junio de 2020), dictada por la Sala Constitucional de ese mismo tribunal.
No son propiamente los valores del pluralismo político, ni de la participación protagónica, ni los principios de la personalización del sufragio y de la representación proporcional los que han motivado el incremento del número de partidos habilitados, ni el número de diputados a elegir, sino los sórdidos y maliciosos intereses del gobierno y del principal partido de gobierno. Si los valores democrático hubiesen privado, se hubiese cambiado el vigente “sistema electoral paralelo” (donde los escaños obtenidos en la elección nominal no se descuentan de la elección proporcional por lista) por un sistema de mayor equidad como el “sistema de representación electoral mixta» (donde hay una mayor igualdad entre el porcentaje de votos y su correspondencia con el número de escaños obtenidos por cada partido). A lo que se le teme – y es la inocultable razón de fondo – es a una elevada abstención y se busca entonces motivar la participación electoral por estas vías. No son los valores y los principios los que se manifiestan, sino la avidez de poder de un grupo reducido de personas y subyace, implícita en la decisión del TSJ, la inmensa hipocresía política del gobierno.
Vivimos tiempos, así podemos describirlos con palabras dictadas por nuestra indignación, tiempos de pestilencia, herrumbre y amasijo, tiempos de aguas estancadas, de suelos erosionados, de carnes secas, de moscas sofocantes. Ese es el tiempo, y lo afirmamos con voz sonora, que nos han impuesto. No hay límite, ni mesura alguna, para el atropello y la vulgaridad. No existe ni el más mínimo atisbo de decoro o pudor. Enfrentamos un adversario político sin ideología, sin principios y, en palabras de la literatura, “ateo de toda moral”.
De inmensa gravedad ética y democrática es la destrucción sistemática de los adversarios políticos del gobierno con el robo de sus identidades, nombres y símbolos (tarjeta electoral, colores, directivas y sedes). Estas ilegalidades ya se habían consumado con los partidos COPEI, MEP, PODEMOS, PPT y BANDERA ROJA; ahora se le agregan a la lista de la afrenta y la injuria, haciendo el gobierno del abuso un valor y ufanándose de ello, los partidos AD y PRIMERO JUSTICIA, también VOLUNTAD POPULAR (que pretendían declarar “partido terrorista”) y muy probablemente UN NUEVO TIEMPO, con la suspensión de sus legítimas Directivas. La perfidia del gobierno es evidente: se busca “fracturar” al adversario, arrebatarle su instrumento de lucha democrática, “aniquilarlo” políticamente y empujarlo al exilio. Y seguir apropiándose, más de lo que ya lo han hecho, del país. Con todos los partidos violentados, y con los nuevos que seguramente se sumarán, quizás nosotros mismos, nuestra solidaridad y nuestro apoyo firme, manifiesto y absoluto, más allá de los diversos criterios políticos e ideológicos que puedan existir entre nosotros.
Es evidente, válida y bien fundamentada, el alerta que hace el documento mencionado, a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, con relación a que el gobierno “no quiere elecciones” verdaderas, sino lo que quiere es cohonestar una farsa electoral, dándole visos de legalidad y de cambio, a algo ya hecho costumbre en los últimos procesos electorales, como lo es el abuso de poder y el más absoluto desprecio a la ética y a los valores democráticos.
A pesar del frio y calculado plan del gobierno que no es otro que buscar ponernos de rodillas, creemos necesario evaluar conjuntamente la posibilidad de la PARTICIPACIÓN UNITARIA de un bloque de 8 partidos legalmente vigentes. Nos dirigimos al Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Generación Independiente (GENTE), Partido Unión y Entendimiento (PUENTE), Nueva Visión para el País (NUVIPA), La Fuerza del Cambio (FDC) y Alianza del LÁPIZ, todos nosotros partidos legalmente vigentes, al igual que nos dirigimos a los partidos firmantes del mencionado documento – nos referimos a AD (AD originario), Primero Justicia (PJ originario), Voluntad Popular (VP originario), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC originario), Encuentro Ciudadano, COPEI legítimo ODCA, La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela y Cuentas Claras – y también a otras valiosas fuerzas democráticas, como lo son COPEI (Eduardo Fernández), Vente Venezuela, Alianza para un Bravo Pueblo, Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), Alternativa 1, Fuerza Liberal, entre otras. El gobierno y su partido, en su ya señalada práctica perversa, busca desmotivarnos, humillarnos y vejarnos; nuestra respuesta digna, erguida y frontal, pudiera ser – si así lo consideramos pertinente después de la evaluación conjunta – romper con lo que ellos se proponen aviesamente y darle un giro inesperado a lo que no está previsto en sus cálculos retorcidos: PARTICIPAR, a pesar de todos los inmensos obstáculos y trabas, intencionalmente creados. Pudiera ser nuestra respuesta ética y gallarda, a la ignominia y a la vulgaridad.
Estamos convencidos, a pesar de todos los atropellos, que la fuerza impetuosa, briosa, callada a veces, pero siempre latente, del pueblo los derrotará, de manera aplastante, por más abusos de poder que ellos quieran hacer. Aflorará la dignidad del pueblo venezolano. Creemos firmemente que podemos sacar más del 80% de los votos y obtener una mayoría aplastante. Lo que sigue, vendrá luego por sí solo, con perseverancia pero inexorablemente. Más temprano que tarde y por vías democráticas.
En este sentido, proponemos y nos comprometemos:
1) Hacer público este documento e iniciar consultas con los diversos sectores de la sociedad civil (Estudiantes, trabajadores, campesinos, gremios, sindicatos, empresarios, profesionales, intelectuales, líderes comunitarios, comunidad LGBT, deportistas, cultores, transportistas, iglesias, etc.) y a lo interno de las bases, de cada uno de los partidos mencionados, a fin de evaluar los pro y los contra de este trabajo unitario con las 8 tarjetas electorales mencionadas, legalmente vigentes.
2) Hacer sondeos de opinión y encuestas, con celeridad, para medir la aceptación de los electores sobre la conveniencia de una eventual participación electoral, con encuestadoras como Datanalisis, Delphos y otras.
3) Respetar la decisión mayoritaria que conjuntamente decidamos, bien sea la “participación” o la “no participación”.
4) De aprobarse la “participación”, trabajar arduamente en propiciar el mayor número de garantías electorales posibles, y el adecuado acompañamiento de observadores nacionales e internacionales.
Se requiere mucho análisis y serenidad, al igual que premura en la toma de una decisión conjunta, y que no sea el gobierno, el que siga marcando los tiempos. Evaluemos los diversos escenarios. Uno de ellos, que no debe excluir del análisis, a ningún otro, es el que estamos proponiendo: valorar la conveniencia de la “participación” en un proceso electoral con limitadas garantías, con un CNE que no garantiza un equilibrio pero, igualmente, con la certeza firme de un pueblo que estará de nuestro lado. El gobierno le tiene terror a la participación y, por eso, la desestimula por todos los medios abusivos de los cuales dispone. Una expresión de ello, es la reciente infeliz y maliciosa expresión del Gnral. Padrino López cuando nos señala: “No serán poder político jamás mientras exista una FANB como la que tenemos”.
Los partidos que buscaríamos promover esta iniciativa hemos demostrado que no nos plegamos, ni nos doblegamos al poder del gobierno, y que anteponemos los intereses superiores del país a los intereses personales, individuales o colectivos de un partido. Consideramos que varios de nosotros, como responsables principales de estas organizaciones políticas, no debemos proponer nuestros nombres, como candidatos, a ninguno de los cargos de parlamentarios a elegir, sino concentrar todo nuestros esfuerzos en ser los operadores políticos del acuerdo unitario.
Tenemos un compromiso ineludible con la recuperación de la normalidad constitucional, democrática e institucional del país. Nos sentimos comprometidos con nuestro noble pueblo. ¡Retemos al gobierno con lo inesperado!
Es auténtico.
Reinaldo Quijada
Dirección Política Nacional UPP89
Nota de Prensa