Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde, se pronunció sobre el arresto del barranquillero Álex Saab el pasado 12 de junio y sobre la decisión de la defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro de llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Al ser abordado en la mañana de este miércoles por la prensa de su país, el funcionario dijo que no iba a dar detalles del proceso. Sin embargo, manifestó que están listos a argumentar las actuaciones de Cabo Verde si son llamados a instancias internacionales.
«Es un proceso que está bajo decisión judicial; por lo tanto, esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario si esto sucede», refiriéndose al anuncio de la defensa del «agente especial» del régimen de Nicolás Maduro de proceder en contra de Estados Unidos y de Cabo Verde.
El argumento es el mismo que se ha usado en todos los procedimientos de la defensa: que Saab iba en misión diplomática a conseguir alimentos y medicamentos de cara a la pandemia y fue arrestado ilegalmente, violando su inmunidad.
La contratación del exjuez español Garzón la reveló el propio abogado caboverdiano de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, quien incluso anunció que se pedirá una millonaria indemnización por lo que consideran fue una violación injusta de un derecho reconocido internacionalmente.
En efecto, se sabe que Garzón pedirá que se le reconozca al barranquillero una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares.
El exjuez se hizo célebre por dictar (en 1998) un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990). Su decisión mantuvo al fallecido militar durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.
Después, Garzón abrió una oficina de abogados –Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development)– a través de la cual ha apoderado a personajes como el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido. Además, tuvo una asesoría con la Fiscalía de Colombia en 2014.
También asesoró a la estatal petrolera PDVSA y al general (r.) venezolano Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, hoy prófugo y por quien Estados Unidos ofrece recompensa.
En todo caso, la ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Tatiana Santos Lélis, firmó en las últimas horas la autorización de extradición de Saab a Estados Unidos.
Con ese paso, la funcionaria –de 46 años y con contactos en el Departamento de Justicia– le puso fin a la fase administrativa del proceso, que se sustentó en un concepto favorable de la Procuraduría de ese país.
Si bien la defensa de Saab tiene aún dos recursos de apelación –ante el Tribunal de Barlavento y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional–, los abogados del «agente especial» del régimen dan por sentado que su cliente finalmente será enviado a Estados Unidos.
«Ya esperábamos esto y ahora sigue el proceso judicial», aseguró el abogado Pinto Monteiro.
El Tiempo