La voracidad minera asfixia a los indígenas venezolanos
Armando Obdola, presidente de la Asociación Kapé Kapé que lucha por los derechos de las comunidades indígenas del estado Bolívar, dice que en 197 de ellas “todo el mundo se convirtió en minero”.
Las comunidades están ubicadas dentro del llamado Arco Minero del Orinoco (unas 54 mil personas), una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro declaró como zona estratégica de aprovechamiento económico.
Para el líder comunitario, con esta medida que se tomó sin la consulta a todas las comunidades indígenas, la hecatombe estaba cantada. El decreto desató una voraz extracción de minerales (sobre todo oro, pero también coltán y diamantes) sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, según reveló la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Esto se pudrió como un mango”, agrega Obdola.
Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron un informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100 mil habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
En plena pandemia, Kapé Kapé también realizó una serie de entrevistas con indígenas que trabajaron en las minas para medir el impacto de esa actividad en las comunidades.
Los testimonios recogidos en un estudio confirman en primera persona lo que dice el informe de Naciones Unidas, desestimado por el Gobierno nacional. “Cuando comenzó la práctica de la minería en el [río] Caura, decidí dejar de elaborar más artesanía con la cual mantenía a mi familia con la intención de buscar una mejor calidad de vida para mi familia, esposa, hijos, hijas y nietos. Pero todo fue lo contrario, porque durante mi estancia allá solo gané enemigos, me enfermé, hice trabajo forzado, tuve amenazas de sindicatos [grupos armados que controlan las minas] para quitarme mis pertenencias”, relató a Obdola un indígena yekwana que trabajó seis años en la zona de Yuruani.
El líder comunitario también recogió testimonios en el Estado de Amazonas, en el suroeste -los indígenas al sur del Orinoco afectados por la minería son unos 172 mil-.
“El Cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tierra, el agua. Allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea. Hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en todas esas minas”, le contó un profesor de 33 años de la etnia jivi que trabajó en una explotación entre noviembre y diciembre pasado.
“Mi esposo trabajó de caletero [operario]. Estábamos contando con que nos pagarían 20 gramos de oro, que era con lo que queríamos salir de ahí para poder comprar la ropa de nuestros hijos en diciembre, pero nunca nos pagaron”, relató la esposa (ninguno dio su nombre).
La crisis económica en Venezuela convirtió la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Pero no hay datos oficiales de lo extraído.
El año pasado, Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos. Cientos de venezolanos han migrado para trabajar en esas explotaciones.
La opacidad y la falta de información por parte del Gobierno sobre los planes para regularizar la actividad son parte de los reproches del informe de la Alta Comisionada de la ONU.
El País