Tarazona: «defensa de los derechos humanos no puede ser un delito»

El director de FundaRedes, Javier Tarazona, defendió su posición ante las amenazas contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela, indicando que dicha actividad «no es un delito», por lo que, al contrario, debería de contar con todo el apoyo del Estado.

Tarazona, quien compareció ante la Fiscalía Primera del estado Táchira, este martes 11 de agosto, ratificó que “así lo declaró, que sí hay vulneración de los derechos humanos de la población por la actuación de grupos armados irregulares”, y recordó que, desde el año 2003, han denunciado a paramilitares, guerrilleros, así como a bandas criminales en territorio venezolano, y de ello reposan en el Ministerio Público decenas de denuncias, que a su juicio deben ser procesadas.

«No se puede guardar silencio, los ciudadanos no pueden ser cómplices del país precario que tenemos. La defensa de los derechos humanos no es un delito y seguiremos documentando, con más fuerza, con más vehemencia, para la defensa de la vida”, alegó.

Asimismo, instó a la comunidad en general a «no callar» ni ocultar este tipo de prácticas, «lo que está ocurriendo en el país», exhortando a denunciar cualquier irregularidad ante los órganos judiciales del Estado.

Indicó que es muy fácil «descalificar al mensajero», criminalizar la defensa y, de esa forma, ocultar que no se hace nada contra quienes generan la violencia y quienes la respaldan, a razón de quienes buscan amedrentarlo.

Dichas declaraciones tuvieron lugar durante la mañana de ayer en la sede de la Fiscalía, en donde Tarazona compareció ante este órgano, luego de sus denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos de la población venezolana, debido a la aparición de grupos armados irregulares.

Por ende, recalcó que es obligación del Estado y de los órganos de justicia frenar las actuaciones criminales de los grupos armados irregulares que cometen secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, enfrenamientos por control del territorio, reclutamiento de niños y jóvenes, entre otros tantos delitos.

Denegación justiciera

Lamentó el representante de FundaRedes lo que considera es denegación de justicia, por parte del Estado, hacia este tipo de denuncias, e incluso aseveró que esto acelera los delitos y los hechos violentos en el territorio nacional.

Manifestó que los organismos correspondientes deben proporcionar respaldo y protección a los actores que se dedican a la defensa de los derechos humanos, y agregó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de acelerar los procesos de investigación, porque la persecución judicial, «muchas veces», se hace contra las víctimas y no contra los victimarios.

«Hemos visto con asombro cuando funcionarios de las Fuerzas Armadas detienen a guerrilleros y son juzgados por traición a la patria, en lugar de juzgar a los delincuentes. Nuestra justicia es el mundo al revés”, resaltó.

Reiteró que, desde el 2009, el Ministerio Público otorgó medidas de protección en su favor, debido a amenazas en contra de su integridad, frente a amenazas generadas desde el grupo paramilitar Águilas Negras, del cual aseguró que está operando en el municipio Junín.

La Nación